La empresa agroexportadora Vicentin, que en 2019 cayó en default por una deuda de USD 1.350 millones, anunció que presentó un pedido de procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. La medida, que apunta a flexibilizar condiciones laborales y reducir costos, no ha sido notificada a los gremios involucrados.
En un comunicado, Vicentin justificó la solicitud debido a "la demora en la resolución judicial del concurso preventivo", lo que habría agravado su situación financiera al consumir reservas y operar con una capacidad ociosa. Entre las medidas propuestas, la compañía pretende pagar el medio aguinaldo en cuatro cuotas, eliminar bonificaciones como almuerzos y cajas navideñas, reducir turnos y avanzar con un plan de retiros voluntarios.
La empresa cuenta actualmente con más de mil empleados, distribuidos entre personal bajo convenio sindical y fuera de él. Los sindicatos aceiteros, que representan a la mayoría de los trabajadores, aún no recibieron una comunicación oficial, generando incertidumbre entre los empleados.
Esta estrategia de Vicentin, sumada a su prolongada disputa judicial para homologar un acuerdo con acreedores, plantea un escenario complejo para una de las principales agroexportadoras del país. Mientras tanto, los gremios evalúan posibles medidas en defensa de los derechos laborales.
