La empresa agroexportadora Vicentin anunció este jueves el cierre total de sus plantas industriales en San Lorenzo y Avellaneda, liberando a todo su personal. La decisión fue tomada en una reunión del directorio tras la confirmación, por parte del director independiente Estanislao Bougain, de que la compañía no cuenta con fondos para pagar los sueldos correspondientes al mes de marzo ni para cubrir los gastos básicos operativos, entre ellos el suministro eléctrico.
La medida representa el desenlace más temido en una historia empresarial marcada en los últimos años por la crisis financiera, el retiro de socios estratégicos y un prolongado proceso judicial. La negativa de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a homologar el concurso preventivo y el envío del expediente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela terminó por bloquear cualquier posibilidad de continuidad a corto plazo. Según fuentes internas, la reestructuración a través de un cramdown u otra alternativa requería de al menos seis meses y acuerdos con acreedores, plazos que resultaron inviables ante la parálisis operativa.
La situación se agravó aún más con un reciente fallo judicial en Rosario, que dispuso la detención de cuatro directores de la firma, acusados de administración fraudulenta. Tres de ellos desempeñaban roles clave en la gestión diaria, incluyendo la relación con proveedores y empresas asociadas. La empresa, sin liderazgo activo ni flujo de caja, quedó completamente inmovilizada.
El impacto económico y social de esta decisión es profundo. Solo en forma directa e indirecta, más de 4.000 puestos de trabajo están comprometidos. Además, el cierre golpea de lleno a la ciudad de San Lorenzo y al nodo agroindustrial del norte santafesino, con consecuencias que se proyectan sobre toda la cadena productiva.
La señal más evidente del colapso se produjo horas antes del anuncio, cuando un embarque de granos previsto desde el puerto de Vicentin en San Lorenzo fue redireccionado a las instalaciones de Bunge en Puerto General San Martín. El movimiento generó alarma entre los trabajadores y fue interpretado como un signo claro de ruptura.
Desde hace más de cinco años, el proceso concursal de Vicentin fue seguido de cerca por el medio SL24, que documentó cada instancia judicial, las advertencias del gremio aceitero y el paulatino alejamiento de los socios estratégicos ACA, Bunge y Viterra. En ese contexto, el cierre definitivo aparece como el resultado de una serie de decisiones postergadas y de la ausencia de una salida jurídica viable.
Hoy, el apagón de las fábricas marca un punto final en la historia de una de las principales agroexportadoras del país, y deja flotando una pregunta que resuena con fuerza en la provincia de Santa Fe: ¿se pudo haber evitado este final?
