Recientes lluvias han traído alivio significativo, permitiendo al gobierno de Luis Lacalle Pou comenzar a retirar los apoyos estatales excepcionales que se habían implementado para asistir a los productores más perjudicados del sector agropecuario.
La emergencia agropecuaria, vigente desde el inicio del mandato de Lacalle Pou en marzo de 2020, ha marcado casi la mitad de su gobierno. Esta crisis climática no solo afectó la producción agrícola y ganadera, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía rural del país. Las intensas lluvias recientes han sido cruciales para superar el déficit hídrico, llevando a la comisión gubernamental a considerar la situación de sequía bajo control.
A pesar de este cambio positivo, algunas regiones del sur y suroeste de Uruguay aún enfrentan desafíos en la disponibilidad de agua. Mientras tanto, en otras áreas del país, se reportan excesos de agua. Los pronósticos para el próximo trimestre son optimistas, anticipando lluvias por encima de lo normal, lo cual es fundamental para la acumulación de reservas de agua para el resto del año.
El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, junto con el viceministro Juan Buffa, han comunicado que la emergencia agropecuaria se extenderá hasta fin de año, aunque con la retirada de algunos de los apoyos previos. Esta decisión se basa en la necesidad de continuar brindando asistencia a los productores que aún lidian con las consecuencias de la sequía. Hasta fin de año, los productores podrán acceder a créditos con tasa subsidiada por el Estado, siguiendo la consigna gubernamental de que ningún productor debe quedarse atrás y todas las unidades productivas deben mantenerse activas.
La recuperación de la sequía es un desarrollo positivo para el sector agropecuario uruguayo. Sin embargo, la situación subraya la importancia de estrategias a largo plazo para la gestión de recursos hídricos y la adaptación al cambio climático, asegurando la resiliencia y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería en Uruguay.
