Un sorpresivo cambio impositivo en Brasil, potencia agrícola, está perturbando los negocios y provocando la ira de grupos que representan a algunos de los principales comerciantes de cultivos del mundo, entre ellos Cargill Inc. y Bunge Global SA (BG). Empresas como Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) y Amaggi Importacao e Exportacao Ltda retiraron nuevas ofertas de materias primas como la soja y el maíz, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Los comerciantes fueron tomados por sorpresa y necesitan más claridad sobre la nueva política, que limita la capacidad de algunas empresas para monetizar los créditos fiscales, dijeron las personas.
La medida provisional, firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el martes, amenaza con elevar los costes para los exportadores y procesadores de materias primas en el mayor proveedor mundial de todo tipo de productos, desde soja hasta azúcar y carne de vacuno. De ser aprobada por el Congreso, sería otro golpe para la problemática relación entre Lula y el sector agroalimentario en un momento en que sus índices de aprobación se están erosionando.
Abiove, un grupo de la industria que representa a los principales comerciantes de cultivos, incluyendo a los famosos ABCD - acrónimo de ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Co. - dijo que la decisión es "irrespetuosa" y que reduciría drásticamente los beneficios de los procesadores de soja. Los procesadores tendrían que pagar US$12 menos por tonelada métrica de soja para mantener los márgenes actuales, según Andre Nassar, que dirige el grupo con sede en Sao Paulo.
Unica, el grupo de presión de los productores de azúcar y etanol, incluida Raizen SA (RAIZ4), dijo que la medida erosionará el flujo de caja de las empresas y aumentará su deuda. ABPA y Abiec, que cuentan entre sus miembros a los gigantes cárnicos JBS SA (JBSS3) y BRF SA (BRFS), dijeron que la iniciativa viola las normas de la Organización Mundial del Comercio, ya que equivale a un impuesto sobre las exportaciones.
El sector agroindustrial, el de mayor crecimiento de Brasil, se ve más afectado que otros por las nuevas restricciones, que forman parte de los esfuerzos del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, por apuntalar el presupuesto del país. Esto se debe a las normas existentes que ya dificultan a los procesadores y exportadores de alimentos el uso de créditos fiscales.
Aún así, industrias como la energética también se verán perjudicadas. Las pérdidas totales en los diferentes sectores se prevén en 29.200 millones de reales (US$5.600 millones) este año, según la Confederación Nacional de la Industria Brasileña. El impacto podría duplicarse en 2025, según el grupo.
La medida puede tener dificultades para ser aprobada. Casi dos docenas de grupos industriales están pidiendo al presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, y al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que rechacen la norma, que tiene efecto inmediato durante 120 días.