La resolución fue adoptada por el juzgado federal Nº2 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, quien hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Red Argentina de Consumidores.
En su escrito, la asociación civil planteó que la liquidación de los activos de Vicentin en beneficio de los interesados estratégicos generaría "un grave impacto sobre el mercado alimentario y para la población en general", tanto en términos de concentración del primero como suba de precios para la segunda.
La decisión del juez Vera Barros pone un nuevo escollo a la intención de Vicentin de avanzar en la salida de su concurso preventivo de acreedores por casi U$S1.500 millones, cuyo período de exclusividad vencía pasado mañana.
De todos modos, ese camino quedó obstruido el 16 de junio pasado cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto de "avocamiento" al caso y le pidió al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que le remita el expediente para su análisis.
La medida de Gutiérrez -que, además, suspende los plazos procesales- fue la respuesta a un planteo de la firma acreedora en el concurso Commodities SA- del corredor de granos Grassi-, que planteó una serie de presuntas irregularidades cometidas por el juez civil y comercial Lorenzini.
Entre ellas, los abogados de Grassi señalaron la presunta venta del 33% de acciones que Vicentin aún conservaba de Renova -la principal molienda de soja y biodiesel del mundo- a Viterra Argentina (exGlencore), con la que ya es socia en ese emprendimiento.
Por esa transacción fue imputado en libertad por desobediencia de una orden judicial el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, al transgredir dos resoluciones de jueces rosarinos que habían prohibido la venta de empresas satélites de Vicentin o su participación accionaria.
Ahora es el juez Vera Barros quien dicta un fallo en el mismo sentido, al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Red Argentina de Consumidores que ordena la suspensión de los efectos de los contratos celebrados entre Vicentin y ACA, Viterra y Bunge -el 28 de abril y el 16 de junio pasados- "y no realizar acto alguno que implique la enajenación por cualquier vía de los activos" de la concursada.
La medida rige, al menos, "hasta que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia levante la suspensión de la instrucción de los expedientes administrativos relacionados al concurso preventivo de Vicentin SAIC", precisa la resolución.
El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la Comisión legislativa que sigue el concurso de la agroexportadora, señaló hoy que "hay mucha incertidumbre entre las personas que trabajan en las empresas de Vicentin por la decisión del juez Vera Barros".
"Puede darle al consorcio la justificación para llevar adelante la extorsión histórica de las patronales de echar gente para presionar a los gobiernos", abundó el legislador.
Del Frade dijo que "más que nunca es imprescindible que los gobiernos se jueguen a favor las trabajadoras y los trabajadores", al alentar la conformación de una sociedad mixta con mayoría estatal para darle continuidad a Vicentin, que antes de su cesación de pagos declarada en diciembre de 2019 era la mayor empresa del sector agroexportador de capitales argentinos.
Por su parte, los abogados de Vicentin presentaron ayer un escrito ante la Corte Suprema santafesina para que revoque la decisión de su presidente de avocarse al expediente y suspender los plazos procesales, lo cual interrumpió la búsqueda de acuerdos con los acreedores para la salida del concurso.
La presentación afirma que "no hay norma legal alguna que autorice a la Suprema Corte a sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social".
Mientras tanto, los integrantes de la Comisión de seguimiento de Vicentin en la Cámara de Diputados de Santa Fe anunciaron que mantendrán mañana una reunión con los dos fiscales rosarinos que llevan adelante las causas penales contra el directorio de la empresa, y convocó para el próximo 10 de agosto a una audiencia pública para discutir el futuro de la compañía agroindustrial.
Con información de Télam
