Es decir, estamos entendiendo aspectos de la realidad social y económica que ya presumíamos, sobre los que sabíamos mucho, pero que quizá no hubiéramos advertido de manera tan contundente.
Entre esas dimensiones de la realidad está el papel de las telecomunicaciones. No nos estamos refiriendo solamente al papel que cumple la televisión o la radio, que son actividades clásicas o ya antiguas de las telecomunicaciones. Vamos más allá: el papel que cumplen las redes digitales, para ver películas, transmitir datos, para trabajar. Se descubrió, y ahora se intenta regular, el teletrabajo. El mundo de las redes digitales, la transmisión de datos satelitales y su papel en la economía, en los movimientos de dinero, en la producción.
Todo esto lo sabíamos. Se viene escribiendo desde hace mucho. Pero la pandemia lo puso muy en evidencia. Tenemos una experiencia fáctica de lo que significa para la economía el mundo de las telecomunicaciones. O de lo que significa esta nueva economía, que es la economía de la información.
Sobre este universo acaba de realizar un avance muy importante el Estado a raíz de un decreto que suscribió el Gobierno, el presidente Alberto Fernández, con todos sus ministros, es decir, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Es un decreto breve que establece un cambio que es que todo aquello que tiene que ver con las telecomunicaciones (televisión por cable, internet, telefonía celular y fija) se transforma en un servicio público. Esto quiere decir que el Estado tiene ahora sobre estos mercados, sobre estas actividades mucha mayor influencia. Puede condicionarlos, regularlos mucho más que antes. Y, además, esta influencia creciente modifica la ecuación del negocio, porque al transformarse un servicio en servicio público, y depender por lo tanto mucho más de la regulación del Estado, el precio que se fija por oferta y demanda pasa a ser una tarifa. No necesariamente la fija el Estado, pero sí debe ser autorizada por él. Y esto cambia notablemente todas las condiciones del negocio de las telecomunicaciones y, por lo tanto, significa un cambio fenomenal en la lógica de la economía argentina.
Hay actividades que son estratégicas, por ejemplo, la energía, que no es un negocio más. Es un negocio que determina otros negocios. Bueno, las telecomunicaciones están en este orden de cosas. Este cambio es importante no solamente por su significado económico, sino por su significado político. Obviamente, Alberto Fernández no lo va a admitir en estos términos. Pero él interpreta que tocando la regulación de las telecomunicaciones, está tocando a la industria telefónica. Y, haciendo eso, también toca a una industria que se ha integrado con la telefonía, que es internet y la TV por cable. Si dice "telefonía, internet y cable" está hablando de Clarín.
Se repone, entonces, un conflicto entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Conflicto que Fernández venía a resolver, por lo que dijo en la campaña, y por lo que fueron sus relaciones históricas con los medios de comunicación. Aparentemente esta era la promesa tácita que él le había realizado al peronismo y a Cristina Kirchner. Bueno, esa resolución o fue imposible o no está en su vocación hacerla. O el Gobierno, la política, entraron en una dinámica que hace que el kirchnerismo piense otra vez que su contrincante no es un partido político, sino que es un medio de comunicación. O los medios de comunicación críticos.
Esto es así porque es incomprensible este decreto, que se estuvo conversando desde hace más de una semana dentro del oficialismo, sin la manifestación del 17 de agosto. El Gobierno cree que las manifestaciones, que tienen que ver con el malestar de una parte de la sociedad con determinados comportamientos institucionales del kirchnerismo, con la reforma de la Justicia, con todo lo que se está haciendo en materia de Justicia, con el malestar por una forma de administrar la pandemia ligada a una cuarentena muy rigurosa y, por lo tanto, a una recesión muy dramática, para el Gobierno, todo esto, las críticas, las movilizaciones, las protestas, son en realidad generadas, no reveladas o publicadas, generadas por los medios. Y, sobre todo, por el Grupo Clarín. Fernández cree, como creía Cristina durante su gobierno, que detrás de estos problemas que tiene con la sociedad están los medios y que serían problemas que él no tendría si no fuera porque los medios los generan. No los publican o los informan.
Vuelve a pasar algo que ya conocimos en 2008 cuando se inició, en medio de la protesta del campo, el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner vivo en aquel momento, y también los medios de comunicación, y Clarín. La historia tiene estas coincidencias, ironías, bromas: ¿Cómo nació el conflicto entre el gobierno y Clarín en medio del entredicho con el campo? Había una concentración oficial de protesta contra el sector agropecuario. En esa manifestación estaba Hugo Moyano, que llevaba adelante un conflicto particular por los temas de distribución de diarios con los medios de comunicación. Moyano, solito en una tribuna, con un cartelito que decía "Clarín miente", por publicaciones que estaba haciendo el diario Clarín sobre problemas que tienen que ver con la vida de los Moyano desde siempre. En general, temas de violencia. ¿Cuál fue el cambio ese día? Que Néstor Kirchner, un poco en broma y bastante en serio, se sentó al lado de Moyano y agarró él el cartelito. A partir de ese momento se desata un conflicto que sigue hasta hoy.
Lo interesante es que estamos hablando de un conflicto con los medios, con Clarín, de una intervención importantísima del Estado en la industria de las telecomunicaciones y, como si hubiera una lógica oculta en la historia, una foto del Presidente, su esposa, el matrimonio Moyano y Jerónimo Moyano, este fin de semana, en la intimidad de Olivos.
La explicación que tiene este decreto nos lleva a una lógica que ya vimos en 2008 con la ley de medios. Cuando el kirchnerismo tiene un problema con la gente que vive en el departamento 6º B de un edificio decide prender fuego todo el edificio, como una forma de regular sus relaciones con el 6º B. No suficiente con eso, sigue con la cuadra. Y después, con el barrio. Al final, todo está destruido, salvo el 6º B, que sigue con la luz prendida. Con este nuevo decreto la lógica es la misma. Se explica por un conflicto con un medio de comunicación, pero para corregir las relaciones con ese medio, o eventualmente atacarlo, se decide cambiar la lógica económica de todo un sector y de uno especialmente estratégico en la economía, como son las telecomunicaciones.
El principal argumento que usa el Gobierno para establecer este decreto, no es "tenemos un problema con Clarín". Usa una razón muy habitual en el oficialismo que es: "Queremos ampliar derechos, tenemos que intervenir en un mercado para llevar los beneficios de ese mercado a más gente, y por supuesto a los que menos tienen". Pero hay una curiosidad: todos los que usan teléfono celular, consumen internet o tienen teléfono fijo pagan el 1% de la facturación destinado al Fondo del Servicio Universal, que es administrado por el Estado. De esta manera, puede hacer uso por sí de esos recursos, o a través de compañías privadas, para llevar el servicio a los que no podrían acceder por la vía del mercado. Porque no les alcanza la plata o porque viven en zonas donde ese servicio no llega.
Es decir: para corregir la imperfección del mercado se genera un fondo, que hoy debe tener acumulado 12 mil millones de pesos, por el cual el Estado da subsidios a muchas empresas a lo largo del país que están estimuladas por esta vía a llevarles el servicio a los que no tienen.
No es la única forma que tiene el Estado para lograr lo que Fernández quiere con este decreto. Existe también una empresa estatal que se llama Arsat, Argentina Satelital, que empezó siendo una empresa de satélites, a la que después se agregó una gran red federal de fibra óptica para hacer un tendido en todo el país, iniciado por Julio De Vido. Se trató de un tendido de grandes cables, que puede transportar muchos datos, a lo largo de las rutas nacionales que conectan las principales ciudades del país. Y luego, muchas localidades fueron pidiendo que Arsat les haga tendidos locales.
Se generó un problema, estaban las redes troncales y después las redes desconectadas de esos pueblitos. Macri, desde Arsat, conectó las grandes rutas con los pequeños tendidos que habían quedado desconectados. Así es que hoy la Argentina tiene una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica, administrada por el Estado. Muchas empresas privadas se conectan a Arsat, usan la red para dar sus prestaciones de telefonía, de internet, transmiten televisión por cable, entre otras cosas. Y por todo este uso, el Estado cobra. Ahora, gracias al DNU, empezará a cobrar una tarifa, no un precio.
La demanda de muchas empresas tecnológicas sobre esta empresa del Estado, que ha funcionado muy bien y está bastante bien conducida, ha hecho que se tenga que expandir la tecnología de Arsat. Está provista por dos empresas chinas, la finlandesa Nokia y una empresa canadiense. Ahora hay tensiones internas para ver si no se agrega alguna otra empresa, ayudadas por lobbistas ligados al Gobierno. Se ignora cuánto sabe Alberto Fernández de este negocio que se está generando en Arsat, con bastantes dificultades, porque está encareciendo muchísimo el presupuesto previsto para la mejora de tecnología. Todo bastante opaco.
Balance: se corrobora, entonces, que el Estado tiene dos instrumentos para corregir las distorsiones del mercado. Uno es el fondo de servicio universal y otro es la empresa Arsat, que puede negociar precios y regular a aquellos que se conectan a ella
El desarrollo de la tecnología ha sido bastante anárquico en todo el mundo, pero en la Argentina aún más. Sin embargo, al cabo de muchos años, terminó siendo competitivo. Todo nació con Entel, una empresa estatal que permitía la comunicación de la telefonía fija. Luego nació la televisión, que captaba la imagen mediante una antena, lo cual dio lugar -con el tiempo- al nacimiento de las antenas comunitarias y, más adelante, a la televisión por cable
Samuel Liberman y Eduardo Eurnekian fueron pioneros a nivel regional de este negocio de la televisión por cable, por lo que casi se podría decir, exagerando un poco, que se inventó en la Argentina. Ellos armaron dos redes: Cablevisión (CV) y Video Cable Comunicación (VCC), que finalmente fueron compradas por grandes empresas, lo que dio pie a la expansión del cable en la Argentina. En esta instancia fueron clave empresas como Cablevisión y Multicanal, que terminaron fusionándose.
En cuanto a la telefonía, se privatizó Entel y se crearon dos compañías: Telefónica y Telecom. La telefonía móvil, en tanto, nace como una combinación entre esta industria y la radio. En este contexto, aparece el empresario Alberto Pierri, quien se adelanta a algo que iba a ocurrir: por un mismo cable podían confluir el cable, el teléfono e internet. Así nació el triple play, que fue inaugurado por Pierri con su empresa Telecentro
La industria se volvió cada vez más competitiva. Hoy en el negocio de las telecomunicaciones dentro de la ciudad de Buenos Aires están Iplan, Metrotel, Telecentro, Telecom, Telefónica, Claro, Orbits, InTV, entre otras. Esto quiere decir que el mercado ha sido eficiente en la distribución de este servicio, mientras el Estado compensa aquello que el mercado no hace por no ser rentable. En este desarrollo la rentabilidad es muy importante porque requiere grandes inversiones, mientras que el servicio es muy barato.
El decreto del Gobierno supone un avance estatal que plantea un problema: estas compañías obtuvieron sus licencias e hicieron su inversión en un marco que ahora se modifica. Las firmas extranjeras ahora podrán ir al Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi) para iniciar una querella contra la Argentina porque se les ha modificado el marco regulatorio. Y reclamar económicamente. Aún no se sabe cuánto le va a costar este decreto al país en el largo plazo.
Entre los empresarios perjudicados por esta medida están
Carlos Slim, dueño de Claro, quien está involucrado en la producción de la vacuna contra el coronavirus liderada por Hugo Sigman. Tal vez Slim esté buscando a Sigman para que le explique lo que le hizo su amigo Fernández.
Telefónica, de España, por lo que esta decisión podría despertar un conflicto entre Fernández y su par español, y amigo, Pedro Sánchez.
Telecom, que es una empresa de Clarín asociada al fondo Fintech. El líder de ese fondo americano es David Martínez, un hombre que fue clave en la negociación de la deuda porque fue uno de los primeros en plegarse a la oferta de Martín Guzmán
Esto podría significar un problema de lealtades y una ruptura de alianzas. Y puede abrir un frente de conflicto internacional con este decreto. Las empresas del sector publicarán una solicitada, que es un milagro a escala internacional: en Buenos Aires se unen China y Estados Unidos dado que este mensaje está firmado por la AmCham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos) y Huawei (la principal empresa de telecomunicaciones china). Fernández lo hizo
No solo el decreto dice que se declaran de servicio público a todas aquellas empresas que aportan al servicio universal, sino que -por una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)- se incluye a todos los servicios vinculados a las telecomunicaciones que puedan ser considerados de interés público. ¿Puede ser que un día nos digan que el Estado regulará Netflix, Spotify o WhatsApp? Seguramente Fernández no quiera hacerlo, pero, a partir de este decreto, podría, lo cual puede ser una advertencia para quienes invierten u operan estas firmas.
Esto hay que vincularlo con el nivel de reservas y la falta de dólares que hay en el Banco Central, que llevó a dos almuerzos la semana pasada del Presidente con Martín Guzmán y Miguel Pesce. Esas aplicaciones se pagan en dólares. El Gobierno podría exigir que se empiecen a pagar en pesos y esas compañías decidir, entonces, irse del país. No se sabe si pasará, pero este camino ya está habilitado por el DNU.
Por el hecho de que es un avance del Estado y por el modo en el que se gestó, este decreto tiene similitudes con lo que ocurrió con Vicentin. El miércoles pasado los empresarios del sector participaron de un Zoom junto al titular de la Enacom, Claudio Ambrosini, y su segundo, Gustavo López, para fijar los nuevos precios, dado que el congelamiento de tarifas que habían pautado para la cuarentena vencía el 31.
En esa reunión tanto Ambrosini como López dijeron estar de acuerdo con lo que se había acordado. Hay empresas que grabaron ese Zoom. Sin embargo, dos días después se conoció el decreto. Tanto en este caso, como en Vicentin, nadie les avisó antes de la medida. También Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, se enteró por los diarios.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner vienen conversando sobre este decreto desde hace tiempo. Micaela Sánchez Malcolm es una de las personas del entorno de Cristina que redactó este decreto junto a López. Ellos sostienen que hay una ley de 2014, impulsada por la expresidenta, donde ya se había establecido que todos estos negocios eran un servicio público, y que Mauricio Macri había derogado esta ley por decreto. Por lo tanto, sostienen que este decreto tiene el respaldo de una ley anterior
En este proceso no intervino Ambrosini, que es un hombre del círculo de Sergio Massa. En sus declaraciones, él da a entender que no sabía de esta iniciativa. Incluso, hay una versión muy brumosa que dice que quiso renunciar y Massa le dijo que no lo hiciera.
El siguiente paso será en el Congreso, donde el kirchnerismo presentará un proyecto de ley de defensa de la competencia tomando iniciativas de la oposición: una de Elisa Carrió y otra de Martín Lousteau, hechas en la época de Macri. Allí, establecen que cualquier empresa, no solo las de telecomunicaciones, que supere el 40% de un mercado, tiene una postura dominante y, por ende, debe ser regulada por el Estado. El Gobierno aspira a una mayor regulación, especialmente en el negocio del cable e internet. Detrás de todo: Clarín. La idea de Fernández es golpear al negocio y a los ingresos de esta empresa.
Desde el entorno de Carrió dicen que, en su momento, retiraron el proyecto no por Clarín, sino por el concepto mismo. Además, se preguntan por qué, si Fernández está tan interesado en garantizar la libre competencia, retiró los pliegos de los nuevos titulares de un tribunal de competencia que nunca se estableció en el país, pero que estuvo a punto de desarrollarse.
En este contexto, Massa quedó desairado. Habría que mirar con lupa su relación con el Presidente. Massa sentía que era el interlocutor con las empresas de telecomunicaciones, las compañías de medios, y sobre todo Clarín. La señal que da Fernández con este decreto es que el interlocutor es él mismo
Ya hubo ruido entre ellos cuando el Presidente celebró el acuerdo con los acreedores privados por la deuda y agradeció, principalmente, a Martín Guzmán; luego, a Lavagna; y al Papa Francisco. Entre los agradecimientos, no hubo ninguno a Massa, que se ufana de haber sido muy importante, sobre todo por su amistad con David Martínez, de Fintech y Telecom.
No es el conflicto más importante que podríamos presumir entre Alberto Fernández y Massa. El verdadero conflicto está en San Isidro, que tiene que ver con una investigación de la Justicia Federal con una banda de abogados y fiscales conducida, se presume, por el fiscal de la provincia Claudio Scapolán, muy ligado al fiscal Julio Novo, muy cercano a Massa. Massa puede sentir que el avance sobre esta banda en algo lo perjudica porque son amigos de él.
Scapolán es un hombre clave. Según se comenta en la Justicia de San Isidro, para que el fiscal Washington Palacios no avanzara en un tema de detalle, pero muy importante, que es el acta que se labró cuando la policía llegó a la casa del Prefecto que le había robado a Massa. Hubo una investigación de Palacios sobre si ese acta realmente decía lo que el Prefecto había robado o si había robado muchas más cosas, o sumas mucho más importantes que las que aparecieron en el acta. Todo esto, que fue materia de discusión, lo tiene a Scapolán en el centro y es algo que a Massa lo preocupa. Detrás de la investigación contra el fiscal está la Policía Federal y está Fernández. ¿Hablarán entre ellos de este tema? No lo sabemos, pero es un caso complicado.
Más allá de esto, lo que hay es un interrogante de nuevo que se va despejando cada vez más sobre la orientación general de Fernández y su gobierno. Acaba de decidir algo muy importante, que mucha gente festeja, que es llevar Energía al área de Martín Guzmán. La saca del Ministerio de Producción, donde había 20 familias manejando la cuestión energética, nombra a un nuevo Secretario de Energía, se va Sergio Lanziani que era un hombre ligado a la política de Misiones, un ingeniero de energía atómica, viene un hombre de Neuquén, no necesariamente de Parrilli, Darío Martínez, y se alinea Energía con la política de Guzmán. Guzmán cada día más es Cristina Kirchner. No quiere decir que no sea Alberto Fernández. Pero es la vicepresidenta. En alguna medida, lo liberan a Matías Kulfas de que termine como Marcela Losardo, la ministra de Justicia, a quien Cristina Kirchner va minando por abajo, porque no defiende sus proyectos.
¿Por qué Fernández quiso hacer esto ahora? Por qué quiere después anunciar grandes subsidios a la empresas explotadoras de gas. Es curioso porque la vicepresidenta acaba de voltear un subsidio de Macri a las mismas empresas del año 2018. Parece que hay subsidios buenos y malos. En esta dirección vamos, es una dirección mucho más ligada a Cristina que la anterior.
Estamos en un conflicto frente con el gobierno de Trump que tiene que ver con la conducción del BID. Fernández lidera la posición de los que dicen que no se debe elegir ahora, ni debe ser un americano. Del otro lado está el candidato de Trump, Claver-Carone, que quiere ser electo, y tiene los votos para lograrlo, el 12 de septiembre. La Argentina está tratando de juntar el quórum para frenar esa elección. En todo esto, Gustavo Cinosi, un hombre bastante opaco, argentino, viejo amigo de Carlos Zannini, que es la mano derecha de Luis Almagro, secretario general de la OEA, fue a ver al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, intimo amigo de Alberto Fernández. Fue a decirle que era el jefe de campaña de Claver-Carone y le pedía que se alineara con el gobierno de los Estados Unidos. Bustillo lo despidió: "Para hablar con los Estados Unidos hablo con las autoridades de ese país".
¿Qué importa de todo esto? Que la agenda de Fernández se va pareciendo a la agenda de Cristina en 2011-2015. ¿Esta es la agenda que el Presidente tenía pensada desde el comienzo? No lo sabemos. Lo importante es que sin China traccionando, con un problema enorme de falta de dólares, con una economía en recesión que va a salir gracias a la palanca de la inversión privada, en camino a una negociación con el Fondo, donde los Estados Unidos y las grandes potencias tienen una enorme importancia: ¿hay un contexto favorable para esta agenda? ¿O Fernández está llevando una agenda, ajena o propia, fuera de contexto? Como si saliera a la calle, ya grande, con el traje de la primera comunión.