La AGP que controla el Puerto de Buenos Aires será disuelta según un ante proyecto que circula en Casa Rosada.
Creada durante el gobierno que derrocó al de Juan Perón en el ‘55, la Administración General de Puertos (AGP), sobrevivió durante décadas en el organigrama del Estado Nacional cumpliendo diferentes funciones.
Las principales responsabilidades del organismo portuario en la actualidad son las de regular el puerto de Buenos Aires y ordenar y pagar por el dragado y balizamiento de la Hidrovía que se encuentra en un proceso de licitación muy cuestionado por varias compañías que quieren competir, fundamentalmente, contra la empresa Jan de Nul.
Su actual titular es Gastón Alejo Benvenuto pero una reciente investigación periodística de TN puso en blanco sobre negro los desmanejos financieros que se produjeron durante la gestión de José Beni, antecesor de Benvenuto en el cargo, y Verónica Piñero, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
En principio, la AGP habría pasado de ser una empresa del estado superavitaria en el año 2021, con un excedente de USD 28 millones, a registrar un déficit de USD 45 millones en 2023.
El destino de los trabajadores de la AGP será un desafío para la administración de Javier Milei porque no son pocos. Una plantilla de trabajadores permanentes cercana a las 600 personas.
Acaso muchos seguirán prestando funciones en la nueva estructura que planea lanzar el ministro de Economía, Luis Caputo y que está reflejado en un ante proyecto con destino final de decreto, para reorganizar las funciones de la subsecretaría de puertos, vías navegables y marina mercante y la AGP.
En ese contexto se analiza crear la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico que absorberá las funciones y recursos de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, "eliminando superposiciones y apuntando a una gestión más eficiente y transparente del sistema portuario nacional según explicaron funcionarios del Palacio de Hacienda".
La nueva estructura será la nueva autoridad portuaria nacional, con amplias facultades para regular, coordinar y planificar el uso de los puertos y vías navegables. "El organismo estará encargado de fomentar inversiones privadas, reducir los costos logísticos del comercio exterior y modernizar la infraestructura portuaria bajo un enfoque estratégico", continuaron explicando en el ministerio de "Toto" Caputo a NA.
Los funcionarios relacionados con el massismo y el kirchnerismo no serían, en principio, los únicos perdedores. También se anotarían varios integrantes de lo que Javier Milei suele denominar "casta", en este caso, portuaria.
Para el ex subsecretario de puertos y vías navegables durante buena parte de la administración de Cambiemos, Jorge Metz, "Aplaudo lo que está haciendo el gobierno de Milei. Es lo que nosotros proponíamos hacer en el año 2015, inmediatamente de asumir. Nosotros queríamos hacer una agencia del estilo de la de Vialidad Nacional y el ministerio de Guillo Dietrich nos bochó. No la vio. La AGP hay que disolverla. La disolvió Carlos Menem pero después la reinventaron de nuevo y hoy están haciendo la agencia. Esto es bueno".
Varios analistas, entienden que el éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de la nueva estructura de control para erradicar los vicios de la "casta portuaria" y consolidar un modelo de gestión eficiente que responda a las demandas del comercio internacional.
Para Metz la clave de la nueva agencia que se creará será como conducirá una licitación compleja y cuestionada por la Hidrovía y que ocurrirá con los prestadores de las terminales portuarias de Buenos Aires.
" El ministro Caputo se quedó con todo el paquete y hay varias cuestiones que resolver. Hay que resolver tantos temas. El Puerto Buenos Aires, la renovación de los contratos, de los permisos de uso por cinco años. Esta no es un área tan fácil. No es fácil. Es un sector que necesita conocimiento y audacia, para llevar adelante. Yo lo único que puedo decir es que la gente de Massa y de la llamada casta portuaria ha ganado muchísima plata en estos cuatro o cinco años. Todos estaban muy conformes con cómo se venían desarrollando las acciones. Así que yo creo que van a salir a pegar duro a esta gestión y habrá que ver cómo pueden resistir".
En un principio, en 1955, la AGP era la compañía estatal a cargo de todo lo portuario marítimo y fluvial que no fuese de la Prefectura Prefectura Naval Argentina ni de la Dirección Nacional de Aduanas, y sus recursos surgían de la explotación portuaria.
En el gobierno de Carlos Menem en 1989, y ley de Reforma del Estado mediante se dispuso la concesión total o parcial de los puertos explotados por la AGP, así como su descentralización y provincialización.
En 1992, por decreto 817/92, Carlos Menem desreguló, descentralizó y privatizó las operaciones que estaban a cargo de la AGP Sociedad del Estado, y dispuso la liquidación de la empresa: la Ley de Actividades Portuarias estableció el principio de privatización de la operación de los puertos nacionales y la transferencia de su titularidad a los gobiernos provinciales o municipales.
El único puerto que no se transfirió fue el de Buenos Aires que continuó bajo el orden nacional. Y, por ese motivo la liquidación de la AGP no se hizo nunca efectiva, y permaneció como contralor de los concesionarios privados del Puerto de Buenos Aires y de los servicios generales de mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso.
Trás el 2001, la AGP tuvo una nueva oportunidad con el gobierno de Eduardo Duhalde que la volvió a poner en funciones y durante los gobiernos kirchneristas ganó en poder e inclusive fue accionista del Belgrano Cargas.
Hoy, con su poder intacto en el puerto de Buenos Aires y en la Hidrovía, el gobierno de Javier Milei está dispuesto a liquidarla de manera definitiva retomando el sendero trazado por Carlos Menem.
Autor : Antonio D´eramo
