Durante una reunión de gabinete, Donald Trump reveló uno de los puntos más controvertidos de su plan migratorio: los productores agropecuarios podrían pedir al gobierno que ciertos trabajadores rurales indocumentados puedan regresar al país de forma legal , luego de ser deportados.
"Vamos a trabajar con los agricultores. Si tienen buenas recomendaciones para ciertas personas, vamos a dejar que se queden un tiempo, que salgan, y después vuelvan a entrar de manera legal", dijo Trump, sin detallar cómo ni cuándo comenzará a implementarse esta política.
Aunque sus dichos fueron vagos, representan la primera pista concreta de cómo su administración planea abordar la situación de más de 500.000 trabajadores rurales sin estatus legal que hoy forman la columna vertebral del agro estadounidense . Muchos de ellos también se desempeñan en industrias críticas como la carne y los lácteos , donde la mano de obra migrante es insustituible.
Las organizaciones agrícolas y agroindustriales reaccionaron con alarma . Advirtieron que una deportación masiva de trabajadores sin papeles paralizaría el sistema alimentario , generando una crisis en la producción, la cosecha y el abastecimiento .
"El campo no se cosecha solo", repiten los productores. La incertidumbre ante un eventual segundo mandato de Trump revive los temores del ciclo 2016-2020 , cuando miles de familias migrantes tomaron precauciones como nombrar tutores legales para sus hijos ante posibles detenciones .
Desde América Latina -y especialmente desde Argentina- se observa con atención esta nueva ofensiva migratoria. En un país como el nuestro, que busca ampliar las exportaciones agroindustriales hacia EE.UU. , la estabilidad laboral del agro norteamericano es un factor clave en la cadena de valor.
"Los argentinos somos vistos como un socio productivo con potencial, pero también como una sociedad que observa los cambios en EE.UU. con cautela y estrategia", señalan analistas internacionales.
Mientras tanto, el discurso de Trump genera un clima de tensión , pero también de oportunidades para países que puedan garantizar mano de obra formalizada, seguridad alimentaria y acuerdos de exportación confiables .
Sin fechas claras ni mecanismos definidos, la promesa de un "proceso legal" para el reingreso de trabajadores agrícolas queda en el aire. La posibilidad de que los productores entreguen "cartas de recomendación" para frenar las deportaciones de algunos empleados también suena improvisada.
En su primer mandato, Trump había prometido que no afectaría al agro con sus políticas migratorias . Esta vez, ese compromiso no fue renovado. Y para muchos trabajadores, eso significa volver a la incertidumbre .
