Por más de dos décadas, el campo argentino financió al Estado con una transferencia forzosa e inequitativa, marcada por los derechos de exportación (DEX). Esa es la tesis que plantea la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), que propone iniciar una transformación estructural en la política tributaria del agro: eliminar las retenciones al trigo y la cebada sin comprometer el equilibrio fiscal.
La entidad remarcó que entre 2002 y 2024 el sector agroindustrial transfirió al fisco más de USD 160.000 millones solo en DEX. Sin embargo, la producción de granos se encuentra estancada, la capacidad industrial ociosa supera el 45% y la macroeconomía argentina continúa sumida en ciclos de crisis cambiarias y déficits gemelos.
"Los DEX no solucionan la macroeconomía, sino que la distorsionan. Son un tributo sectorialmente injusto y económicamente regresivo", sostuvo el economista Ernesto O'Connor al presentar el análisis de CRA.
Un aporte marginal con un impacto profundo
Según el documento, los DEX aplicados al trigo y la cebada representan apenas el 6% del total recaudado por ese tributo. No obstante, equivalen al 16% del superávit fiscal de 2024 y al 22% estimado para 2025. Esto implica que su eliminación sería fiscalmente manejable, pero generaría un alto impacto en inversión, empleo y desarrollo regional.
"Menos recaudación hoy es más recaudación mañana", sintetiza el informe. CRA estima que sin DEX, la producción total de granos podría alcanzar 170 millones de toneladas hacia 2030, frente a las 140 millones actuales.
El caso del trigo es ilustrativo: cuando se eliminaron los DEX en 2016, la superficie sembrada creció más de 100% en solo seis años. El maíz mostró una evolución similar. "Esto demuestra que una baja de retenciones impulsa la producción, la rotación, la sustentabilidad y el empleo", indican.
Desigualdad tributaria y señales políticas
CRA denuncia además que el agro y la industria alimenticia aportan el 87% de los derechos de exportación, pero reciben escasos beneficios a cambio. Mientras el complejo soja tributa entre 31% y 33% de su facturación, la capacidad ociosa de la industria aceitera ronda el 47%.
A esto se suma el contexto actual: cosechas demoradas por lluvias, pérdida de poder adquisitivo del salario rural y 9 años sin creación neta de empleo privado, según los gráficos expuestos por la entidad.
Camino hacia una reforma tributaria pro-producción
De cara a los próximos meses, CRA insta al Gobierno a encarar una reforma tributaria estructural que priorice la producción y el desarrollo regional, en línea con lo pactado con el FMI.
"Casi ningún país impone impuestos a sus exportaciones. Es hora de dejar atrás esta anomalía que condena al campo y al país a su propio techo productivo", concluye el informe.
