A medida que los republicanos de la Cámara de Representantes retrasan las negociaciones presupuestarias para el año 2024 antes del plazo del 1 de octubre de 2023, las áreas rurales de Estados Unidos podrían ser las más afectadas por las consecuencias de un cierre del gobierno.
Vilsack expresó su preocupación por los "republicanos extremistas" que están obstaculizando el proceso presupuestario y señaló que esta minoría parece dispuesta a permitir un cierre del gobierno. Advirtió que esta situación afectaría a agricultores, ganaderos y productores de todas las zonas rurales del país.
El proceso presupuestario de cada año implica la aprobación de 12 proyectos de ley de asignaciones que determinan el gasto de las agencias federales. Aunque las negociaciones sobre el presupuesto son normalmente prolongadas, este año se han vuelto particularmente difíciles debido a las disputas entre los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la asignación de fondos para agencias como el Departamento de Agricultura, el Departamento del Interior y el Departamento de Justicia, entre otros.
Según Vilsack, la frustración hacia este grupo de republicanos que está bloqueando el avance del presupuesto es evidente. Las negociaciones prolongadas podrían llevar a que el gasto se detenga el 1 de octubre.
Los efectos de un cierre del gobierno serían inmediatos y perjudiciales. Los pagos de ayuda gubernamental y las solicitudes de préstamos a agricultores se verían suspendidos. Además, los beneficios del programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC) podrían finalizar la próxima semana, y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se agotarían a finales de octubre. Los datos de 2018 del Centro de Acción e Investigación de Alimentos muestran que las comunidades rurales dependen en gran medida de los beneficios de SNAP, y los bancos de alimentos podrían ser la única alternativa, aunque no siempre accesible, para aquellos que dependen de estos beneficios.
Además, la Ley Agrícola de cinco años está programada para expirar el 1 de octubre, y aunque se espera que el Congreso la extienda hasta finales de 2023, Vilsack advirtió que el progreso en la legislación agrícola se vería afectado si también se produce un cierre del gobierno. Esto podría resultar en retrasos en la aprobación de fondos para las oficinas que brindan servicios a agricultores y ganaderos, lo que a su vez podría aumentar los precios de las materias primas y afectar los precios de los alimentos para los consumidores de todo el país.
Un cierre del gobierno tendría un impacto significativo en miles de empleados federales, provocaría el cierre de bosques y parques nacionales, y obstaculizaría el acceso a préstamos para nuevos compradores de viviendas. Además, muchos programas de asistencia financiados con fondos públicos que requieren la aprobación del presupuesto anual suspenderían los pagos si se quedan sin fondos durante el cierre.
En resumen, la posibilidad de un cierre del gobierno preocupa profundamente a los responsables de la formulación de políticas, y Tom Vilsack enfatiza que esta situación es desafortunada y perjudicial, especialmente cuando la mayoría de las partes no desea que ocurra.
