La provincia de Salta dio un paso histórico pero controversial con la aprobación de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La legislación, impulsada por el oficialismo y aprobada con amplia mayoría en la Legislatura, permitirá habilitar 700.000 nuevas hectáreas para la producción agropecuaria, lo que representa un aumento significativo del área productiva. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades locales han expresado su rechazo por las posibles consecuencias sociales y ambientales.
Una ley sin consentimiento indígena y acusaciones de desmontes masivos
Organizaciones socioambientales y comunidades originarias, junto con Greenpeace, han denunciado que el gobierno provincial avanzó con la ley sin el consentimiento de los pueblos indígenas, incumpliendo el proceso de consulta previa, libre e informada que establece la legislación nacional. Según Greenpeace, la nueva normativa abre la puerta para arrasar con 720.000 hectáreas de monte nativo, lo que califican como un "golpe devastador" para la biodiversidad y las comunidades que dependen de ella.
Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas, advirtió que "si se destruye el monte se pierde la biodiversidad, se eliminan especies nativas y es causa de la muerte de niños wichí por deshidratación y desnutrición". Además, Greenpeace señala que Salta es una de las provincias con mayor deforestación en las últimas décadas, con 714.052 hectáreas desmontadas desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, muchas de ellas, aseguran, de forma ilegal.
Una apuesta a la producción agropecuaria con zonas flexibles
El gobierno provincial, liderado por Gustavo Sáenz, sostiene que la ley busca potenciar la economía agroindustrial de la región al ampliar la denominada "zona verde", donde no existen restricciones para el desarrollo agrícola. Actualmente, Salta ya destina 1,4 millones de hectáreas a la producción agropecuaria, y con esta actualización del ordenamiento territorial, el área verde crecerá a más de 2 millones de hectáreas.
No obstante, la ley introduce un cuarto color en el mapa de ordenamiento territorial: el "amarillo oscuro", que habilita desmontes en áreas ambiguas denominadas "Área de Producción y Conservación". Esta clasificación permite que los desmontes se realicen sin una ubicación catastral definida, dependiendo de un análisis caso por caso, lo que ha generado preocupación sobre la falta de claridad y control.
Impacto ambiental y desafíos legales
Greenpeace advierte que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental establecido por la normativa nacional, ya que permite desmontes en zonas actualmente clasificadas como Categoría I (rojo) y II (amarillo). "Es una zonificación flexible que en la práctica no define claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar", afirmó Noemí Cruz, de Greenpeace.
Además, la modificación permite que el cambio de uso del suelo quede a criterio del Gobernador o de las autoridades competentes, lo que incluye la posibilidad de urbanizaciones, obras públicas y proyectos de certificación de bonos verdes, cuestionados por organizaciones ambientalistas.
Un debate que marca el futuro de Salta
Mientras el gobierno provincial celebra la medida como un paso hacia el desarrollo económico, las críticas de organizaciones socioambientales y comunidades indígenas ponen en evidencia las tensiones entre el crecimiento agroindustrial y la preservación del patrimonio natural y cultural de la región. La implementación de esta ley no solo reconfigurará el mapa productivo de Salta, sino que también marcará un precedente sobre cómo se gestiona el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad en el país.
