En su participación en el plenario de comisiones que debate la ley de "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos",
En esa línea, señaló que "el mundo tiene políticas de Estado con corte creciente, pero con libre competencia entre plantas de producción de biodiésel y petroleras, mientras Argentina está en el camino contrario desde hace más de 10 años". A continuación, Castro cuestionó la ley sancionada en 2021 que redujo de 10% a 5% el corte obligatorio de biodiésel, "limitando inversiones y dejando fuera del mercado interno a todas las plantas exportadoras".
Actualmente, "más de la mitad de la producción de biodiésel tiene prohibido abastecer y competir, encareciendo el valor y reduciendo la cantidad de empresas que participan en el mercado interno". "Tenemos un complejo agroindustrial altamente competitivo y no lo estamos aprovechando", agregó.
Por eso, sostuvo que apoya "los mecanismos de competencia introducidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo" que "abre un camino de crecimiento el biodiésel, al adoptar un corte como en Brasil, de 15% para 2026". "Establecemos por fin un horizonte de crecimiento para nuestra industria con un marco regulatorio más moderno, eficiente, sustentable; eliminando focos de conflictividad y discrecionalidad", destacó.
No obstante, observó que el proyecto también "alenta el desarrollo y crecimiento de energías renovables, pero por otro lado sube retenciones al aceite de soja que es la materia prima central, por lo que va a generar una caída de producción de aceite y eso podría impactar en el suministros".
Por el contrario, desde la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Tomás Lorda consideró que "la ley ómnibus, tal cual está, para nuestro sector PyME directamente es nuestro certificado de defunción. Las PyMEs de biodiésel no fuimos preparadas para competir; el Estado argentino nos creó de esa manera, para que nos localicemos en el interior y pongamos plantas pequeñas".
"El sector aceitero, que es quien nos vende la materia prima, es también nuestro competidor y quien a partir del nuevo proyecto de ley podría entrar a abastecer al mercado interno", explicó, con lo cual aseguró que "competir con nuestro propio proveedor será inviable". "Establecería dos segmentos dentro del biodiésel para que las grandes compitan por un lado y las PyMEs por otro. Pero esto que suena como que sería la solución, nosotros seguimos quedando afuera, porque las PyMEs no podemos competir entre nosotros", insistió y sumó que "las plantas que terminarían cerrando serían las más chicas y más alejadas del puerto, contrariamente a la ley original". Pidió entonces que "se siga creciendo pero sin destruir lo anterior".
En el mismo sentido, por la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz reveló: "Hemos logrado en una semana revertir ocho artículos que estaban presentados en este proyecto, que pretendían una sentencia de muerte para las PyMEs del sector. Pero esto no es suficiente". "Visitamos a todos los bloques políticos, hemos tenido una recepción muy importante", valoró, pero reclamó que "abran el debate para mejorar lo que falta mejorar".
Pesca
Otro de los puntos por los que hubo representantes invitados fue por la reforma sobre la Ley de Pesca, un tema que los gobernadores patagónicos han salido a rechazar y desde el Gobierno se mostraron dispuestos a retirar.
Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), confesó: "Nos sentimos muy sorprendidos sobre la modificación y derogación de algunos artículos que afectan esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien". Habló de que en este sector "continuamente se viene aggiornando la legislación y se vienen tomando medidas de sustentabilidad, de cuidado de recursos, de trazabilidad. Somos destacados en el mundo por uno de los caladeros más cuidados". Sobre lo propuesto en la ley, señaló que "afecta a nuestra economía, al sentido exportador" y cerró: "Creemos que si esto avanza puede ser un gran error".
Desde Intercámaras de la Industria Pesquera de Argentina, Eduardo Boiero enfatizó que "las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación, algo que afectará fundamentalmente la producción de productos con valor agregado y nos lleva a tener que volver a exportar materias primas". "El sector pesquero tiene sus costos muy dolarizados; no tenemos una renta que nos permita afrontar eso", añadió.
Además, pidió que "se elimine todo el capítulo" de reforma del Régimen Federal Pesquero, el cual tuvo "un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene; no existe una conflictividad en el sector respecto a la Ley de Pesca". "El Consejo Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee", siguió.
Boiero opinó que los cambios planteados en el proyecto "parten de un grave error o un desconocimiento del sector: permitir una licitación internacional, permitir buques de bandera extranjera, permitir descargas en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no sólo acabaría con la industria pesquera, sino que representa una pérdida de soberanía para el país".
Retenciones
En nombre de CONINAGRO, Silvina Campos Carles sostuvo que "derechos de exportación en economías regionales son menos ingresos en forma directa, menores ingresos dentro de una cadena de valor que se distribuye de manera distinta" lo cual "restringe la competitividad de las cadenas".
"Cuando cambian los derechos de exportación en conjunto con una devaluación se modifica la estructura de ingresos y costos con dinámicas totalmente distintas. En general los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo, en cambio los derechos de exportación quedan. Un nivel de 15% deja muchas actividades afuera", apuntó.
A su turno, Gastón Utrera, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, aseveró que "las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten la combinación del 15% de derechos de exportación y 17,5% de impuesto PAIS", por lo cual "el Estado nacional no podrá recaudar lo que pretende recaudar a través de esos tributos".
"Es necesario recalibrar esos tributos para que efectivamente pueda recaudar y para que el sector pueda exportar, mantener empleos y contribuir a la actividad económica en el momento en que el plan económico más lo va a necesitar", subrayó y solicitó "reducir la alícuota que establecen los artículos 200 y 201, con una excepción para las manufacturas de origen industrial".
