Por lo tanto, la administración de ese recurso estratégico, descuidada durante la presidencia de Alberto Fernández, debería transformarse en una prioridad en el ámbito de un gobierno que declama eficiencia en la gestión pública.
En julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.
Han transcurrido tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente.
La indefinición sobre una cuestión tan significativa, estableciendo como válida una medida provisoria determinada por el gobierno anterior, incrementan la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes.
Otra cuestión pendiente de resolución es el conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de que en 2023 Argentina procediese a implementar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo "Puerto de Santa Fe-Confluencia" de la Hidrovía.
Los usuarios del canal de comunicación, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) integrado por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo "Puerto de Santa Fe-Confluencia", algo que actualmente no ocurre.
Y como prueba de su intención de colaborar en el proceso que debe seguir el estado argentino, los usuarios han propuesto pagar hasta el 70% de los fondos presentados como costos por Argentina siguiendo un mecanismo de pago a prueba de errores, sin que este pago signifique una aceptación de las obras realizadas como un servicio eficiente, sino como un acuerdo provisorio hasta que se determine un servicio a prestar con eficiencia y transparencia. Una propuesta que debería refrendarse en el seno del CIH para quedar aceptada.
Al respecto, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) está elaborando una propuesta que permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real a través de una plataforma digital, lo que facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fé y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay (Confluencia). La expectativa de la CPTCP es poder alcanzar acuerdos con las autoridades argentinas para la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios reales de seguridad, eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial, generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema.
La CPTCP, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios Acuerdo de "Santa Cruz de la Sierra", está dispuesta a brindar toda la información técnica necesaria para contribuir a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná
La CPTCP es una asociación civil de carácter internacional, sin fines de lucro y está integrada por armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata con sede permanente del organismo en la ciudad de Montevideo.
Su misión es promover la interrelación entre los sectores público y privado de esta importante vía fluvial, contribuir al fortalecimiento del proceso de integración de la Cuenca del Plata a través de una mayor utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná y promocionar y desarrollar el transporte fluvial, así como la coordinación con los medios complementarios al mismo.
