Esta medida refuerza la postura adoptada por la jueza Adriana Fiori, quien había acogido la demanda presentada por un grupo de pequeños productores yerbateros.
El tribunal de alzada rechazó la apelación presentada por el Estado nacional, respaldando así la decisión inicial de la jueza Fiori. Esta resolución, que se dio a conocer el viernes pasado, deja en claro que el conflicto ahora pasará a la instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo de la Cámara destaca que la apelación no logró rebatir los fundamentos esgrimidos por la jueza para otorgar la medida cautelar, evidenciando una falta de argumentación concreta y razonada por parte del Estado.
Los productores yerbateros, respaldados por el fallo, hicieron hincapié en la amenaza inminente a su derecho a la salud y el bienestar de sus familias, argumentando que la derogación del decreto ponía en riesgo los fondos destinados a la cobertura sanitaria integral acordada a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
El convenio, que garantizaba la cobertura médica para más de 3.200 afiliados, financiado por el INYM y el Estado Provincial, corría peligro de desfinanciamiento debido al impacto del DNU y el desmantelamiento del INYM.
La Cámara, al respaldar la decisión de la jueza Fiori, enfatizó la falta de argumentos concretos presentados por el Estado nacional para refutar los fundamentos del fallo inicial. Esta ratificación implica la suspensión del capítulo yerbatero del decreto, lo que obligaría a restaurar las funciones y competencias originales del INYM, un aspecto crucial en un momento en que los productores reclaman un ajuste en los precios de la materia prima.
Este fallo resalta la importancia del sistema judicial en la protección de los derechos de los sectores vulnerables y subraya la necesidad de un debate exhaustivo sobre las políticas que impactan en la economía y la salud de los ciudadanos.
