Las pruebas de aguas residuales ofrecen una forma relativamente económica para que los países de América Latina y el Caribe mejoren sus sistemas de detección, diagnóstico, control y monitoreo de virus que causan enfermedades como la COVID-19 y sus variantes. Este instrumento, que complementa los estudios clínicos, permite que los decisores de políticas públicas cuenten con una herramienta amplia, sostenible, temprana y equitativa para mejorar las respuestas de salud pública, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.
América Latina y el Caribe es uno de los epicentros de la pandemia, con algunas de las tasas de mortalidad más altas del mundo y más de 1,56 millones de personas fallecidas. Con sus implacables consecuencias sociales y económicas, la COVID-19 amenaza con deshacer los recientes avances en materia de resultados en capital humano en la región. En este contexto, el análisis de las aguas residuales puede, a un costo relativamente bajo, brindar información sobre la circulación del virus e identificar grupos de casos antes de que progresen a una trasmisión sostenida. Esta alerta temprana permite a los profesionales de salud pública detectar posibles brotes e implementar rápidamente medidas de control focalizadas.
El nuevo informe destaca que las pruebas de aguas residuales permiten obtener información útil de poblaciones vulnerables o de grupos con ubicaciones remotas especialmente de aquellos que no tienen acceso a pruebas clínicas para COVID-19. La recolección y el testeo de muestras en ciertos entornos de riesgo permiten contar con información confiable y así evitar brotes que puedan abrumar la atención de salud local, especialmente ante la aparición de nuevas variantes de preocupación como ómicron.
"La pandemia del COVID-19 ha supuesto para muchos países de la región la pérdida de años de logros en materia de desarrollo y ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevas herramientas para poder prepararse y responder mejor a futuras crisis", dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. "La región puede beneficiarse de la utilización de su infraestructura de agua y saneamiento para la vigilancia de los riesgos para la salud pública, como el COVID-19. En este sentido, el Banco Mundial ayudará a los países a financiar e implementar inversiones inteligentes para ayudar a resolver sus complejos problemas", resaltó Jaramillo.
Líderes de todo el mundo, incluyendo los de América Latina y el Caribe, aún tienen muchas oportunidades para implementar la vigilancia de aguas residuales en la lucha contra la COVID-19. La mayoría de los países de bajos ingresos no ha comenzado a realizar pruebas, a pesar del acuerdo generalizado de que, dados sus bajos requisitos de recursos en comparación con otros enfoques de vigilancia, estos son los que más se beneficiarían con este tipo de pruebas.
Más allá de la actual crisis provocada por la pandemia, las pruebas de aguas residuales pueden ser una lente para la salud de las comunidades al analizar una variedad de patógenos presentes en los desechos. Su uso permite dar respuestas de salud pública oportunas y más completas ante enfermedades como la hepatitis A, la influenza u otros riesgos para la salud comunitaria como la resistencia a los antimicrobianos, el consumo de drogas químicas o el mal empleo de plaguicidas.
El informe "Rewfuerzo de la vigilancia de la salud pública mediante pruebas de aguas residuales: una inversión esencial para la pandemia de Covid 19 y las futuras amenazas para la salud", señala que las inversiones en los sistemas de monitoreo de aguas residuales pueden producir beneficios a largo plazo al fortalecer la capacidad de los países para dar respuestas de salud pública oportunas y bien informadas. Para ello, es necesario desarrollar mejores prácticas de medición y generación de reportes, así como potenciar la colaboración y coordinación entre las entidades de salud, los laboratorios y los servicios que participan en la recolección de las aguas residuales. Esto requerirá de una infraestructura que permita un sistema de vigilancia expandido, organizado y sostenible.
