El Consejo Directivo define el futuro de la institución en una tensa reunión.
Mientras el Consejo Directivo del INTA debate la aprobación del controvertido plan de "modernización" impulsado por el Gobierno, las asociaciones Apinta y ATE lideran manifestaciones en la sede central del organismo, ubicada en Rivadavia 1439. Las protestas se replican en Salta, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Bariloche y Pergamino.
"Estamos esperando la decisión del Consejo. Ya están sesionando, pero no habría los votos suficientes para aprobar el plan", aseguró Julieta Boedo, delegada de ATE.
Venta de propiedades y terrenos subutilizados.Reducción de personal, frenando los ingresos registrados el año pasado.Aumento de la participación privada en el presupuesto, buscando pasar del 10% actual al 30% para 2027, lo que representaría US$75 millones adicionales.
Un tema clave en la reunión es el futuro de 71.000 hectáreas de tierras pertenecientes al INTA. Según datos del Gobierno, el organismo cuenta con 116.000 hectáreas, de las cuales solo 45.000 se usan actualmente para experimentación con fines comerciales y productivos. El resto está bajo análisis para posibles ventas.
Además, el edificio del INTA en Palermo, con un valor base de US$6,37 millones, será subastado el 23 de diciembre. Los 140 empleados que trabajan allí serán reubicados en oficinas del Ministerio de Economía o la Secretaría de Agricultura.
En Salta, se discute la cesión de 41 hectáreas para la construcción de viviendas, lo que también genera tensiones dentro del Consejo.
El Consejo Directivo del INTA, órgano colegiado que toma las decisiones finales, está integrado por representantes del sector público y privado. Entre ellos:
Entidades agropecuarias: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y CREA.Academia: Representantes de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias.Gobierno: Incluye al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la vicepresidenta, María Beatriz "Pilu" Giraudo, y el veterinario Carlos Alberto Vera.
El Gobierno critica que el 90% del presupuesto del INTA, estimado en US$250 millones anuales, se destina a sueldos, dejando menos del 10% para investigación y desarrollo. Adorni, vocero presidencial, señaló que el objetivo es incrementar la participación público-privada, priorizando proyectos tecnológicos.
"El INTA fue desvirtuado con temas como cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar", declaró Adorni, en referencia a gestiones pasadas que aumentaron la planta de empleados de 3400 a 7500 entre 2013 y 2015.
La reunión del Consejo Directivo será clave para definir el futuro del INTA. El debate sobre la modernización del organismo, con medidas que buscan reducir costos y fomentar la participación privada, enfrenta una creciente resistencia de los gremios y sectores históricos de la institución. El resultado marcará un antes y un después en el rol del INTA en el desarrollo del agro argentino.
