Liderados por el bloque Santa Fe Sin Miedo, estos legisladores están impulsando un aumento excepcional de impuestos a las agroexportadoras, con el objetivo de compensar la quita de subsidios al transporte implementada por el gobierno nacional.
Lucila De Ponti, una figura prominente dentro del bloque, es la artífice de este proyecto. La iniciativa propone un incremento transitorio en la alícuota de ingresos brutos para las empresas que se dedican a la transformación de cereales y oleaginosas, elevando la tasa del actual 2% al 4%. Además, se contempla un aumento en los montos por tonelada en actividades portuarias y la creación de un aporte extraordinario para las exportadoras de cereales, oleaginosas y sus derivados.
La diputada De Ponti, en su defensa de la medida, destacó su carácter temporal y enfatizó su necesidad para evitar un impacto negativo en la economía de los ciudadanos de Santa Fe. La propuesta estima una recaudación de 16 mil millones de pesos, los cuales se destinarían a fortalecer el Fondo Compensador del Transporte Provincial. "Es una solución interina mientras se negocia con el Gobierno Nacional la restitución de los subsidios", explicó el bloque legislativo.
En un contexto donde el aumento del costo del transporte público es una preocupación creciente, la diputada resaltó la importancia de buscar alternativas de financiamiento que no afecten directamente al bolsillo de los ciudadanos. "Si el costo del boleto se triplica, muchos trabajadores se verán forzados a abandonar el sistema de transporte público, desencadenando un efecto dominó que podría colapsar el servicio", argumentó De Ponti.
Por otro lado, Eduardo Toniolli, otro legislador del espacio, ha anunciado la iniciación de una acción de amparo para apoyar a los usuarios del servicio de transporte. Esta acción busca revocar la eliminación del Fondo Compensador del Interior y establecer un Comité de Emergencia para el Transporte Público de Pasajeros en la ciudad de Rosario.
"Nuestra responsabilidad es garantizar una tarifa justa y evitar una crisis social que podría surgir por la exclusión de usuarios del servicio público esencial", concluyó Toniolli, resaltando el papel del Estado en la regulación de tarifas accesibles y razonables.
