Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en Argentina cayó un 1,9% durante los primeros nueve meses del año pasado respecto al mismo período del año anterior, alcanzando apenas 12 litros por persona. Las perspectivas para el 2025 no son alentadoras, dado el continuo deterioro del poder adquisitivo y una inflación que golpea el bolsillo de los consumidores.
Además de la caída en ventas, productores vitícolas mendocinos alertaron sobre la creciente presión fiscal que sufren las pymes, situación que dificulta la rentabilidad y amenaza directamente la continuidad de las pequeñas bodegas familiares.
"La presión tributaria está acabando con nuestra competitividad", afirmó un pequeño productor del Valle de Uco. "Los costos siguen subiendo, muchos insumos están dolarizados, y la realidad es que nuestros márgenes ya son negativos".
Otro factor preocupante es la competencia desleal generada por vinos importados, principalmente de Chile, que ingresan al mercado local a precios más bajos que los costos de producción argentinos. Este fenómeno agrava aún más la crisis, empujando a algunos productores a abandonar sus viñedos.
Desde el ámbito político, representantes opositores al gobierno provincial criticaron duramente la falta de acciones concretas para proteger al sector. Según denunciaron, la derogación de leyes que prevenían abusos comerciales dejó indefensos a los productores, quienes entregan sus cosechas sin precios fijos ni plazos de pago definidos.
"Es urgente recuperar medidas que protejan a los productores más vulnerables, porque si seguimos así, muchos tendrán que abandonar definitivamente la actividad vitivinícola", afirmó un legislador mendocino.
La preocupación generalizada es que, sin cambios profundos, la tradicional industria del vino, clave para la economía de la región, enfrente una crisis irreversible.
