La Asociación de Productores Agrícolas del Norte (Apronor) emitió un comunicado el 8 de octubre de 2024, manifestando su preocupación por la falta de respuestas efectivas por parte del Estado frente a estos delitos.
Los robos, que han escalado en sofisticación, incluyen la vulneración de alarmas, cámaras de seguridad e incluso el uso de sustancias para dopar a los perros guardianes. Los principales objetivos son productos fitosanitarios, repuestos y herramientas, lo que genera pérdidas económicas significativas para los productores, quienes además enfrentan costos adicionales por la necesidad de reforzar sus medidas de seguridad. "Realizamos nuestra actividad con enorme vocación, pero se hace cada vez más difícil trabajar en el ámbito rural", señalaron desde Apronor.
Pese a que los productores han presentado denuncias formales y han mantenido reuniones con autoridades de seguridad e incluso con altos funcionarios del Poder Ejecutivo, no se ha logrado esclarecer ninguno de los robos. "A pesar de las reuniones, no hemos visto avances concretos en las investigaciones", destacaron.
Uno de los principales problemas que señala la asociación es la falta de seguimiento adecuado de las causas judiciales, muchas de las cuales son archivadas rápidamente bajo el pretexto de "economía procesal". Las investigaciones policiales se ven frustradas ante la reticencia del poder judicial a otorgar los permisos necesarios para los allanamientos. En casos recientes, bandas locales han comenzado a operar también en provincias vecinas, como Santiago del Estero, lo que añade un nivel adicional de complejidad. Las limitaciones jurisdiccionales dificultan la cooperación entre las policías locales y los exhortos solicitados no se concretan, lo que permite que las bandas criminales sigan actuando con impunidad.
El sector agropecuario, clave para la economía regional y nacional, es generador de numerosos puestos de trabajo y motor de desarrollo local. Sin embargo, los crecientes niveles de inseguridad están erosionando la capacidad de los productores para mantener sus operaciones en marcha. "El contexto actual está afectando no solo la producción, sino también la moral de quienes sostienen la actividad agrícola", afirmaron desde Apronor.
La Asociación exige una intervención estatal urgente para frenar esta ola de inseguridad que está afectando gravemente al sector. Entre sus pedidos figuran un mayor compromiso de las fuerzas de seguridad, la aceleración de los procesos judiciales y una mayor coordinación entre provincias para enfrentar el accionar de las bandas que operan en múltiples jurisdicciones. "No podemos continuar trabajando en un ambiente de inseguridad y desprotección", concluyó el comunicado
