Los productores de las islas del Delta del Paraná solicitaron el levantamiento de la medida cautelar dictada el 1 de julio de 2020, la cual ha restringido el desarrollo de actividades productivas esenciales como la ganadería, una práctica que lleva más de 200 años de convivencia armónica con el entorno natural de la región. La medida, aseguran, ha impedido el mantenimiento y desarrollo de infraestructura crítica para su labor, afectando caminos, senderos, cortafuegos y dragados, esenciales para la seguridad y productividad en la zona.
El sector ganadero del Delta opera bajo un marco normativo que incluye el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un plan de manejo y el Manual de Buenas Prácticas Ganaderas del INTA, además del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Según los productores, estos instrumentos permiten el manejo sustentable y preservan el equilibrio entre la producción y el medio ambiente.
La medida cautelar en cuestión fue adoptada en el marco de un contexto marcado por los graves incendios que azotaron la región en 2020, los cuales provocaron una crisis ambiental de gran magnitud, impactando la flora, fauna y el ecosistema del Delta. En respuesta, se implementaron restricciones sobre ciertas actividades para mitigar el impacto ambiental, sin embargo, los productores afirman que estas restricciones son excesivas y han generado un efecto contrario al deseado, paralizando tareas esenciales de mantenimiento y aumentando los riesgos de incendios.
Desde entonces, las tensiones entre productores, ambientalistas y el gobierno han estado presentes, con el objetivo común de proteger el Delta pero con visiones contrapuestas sobre cómo lograrlo. Los productores destacan que cumplen con normas ambientales y prácticas de manejo sustentable y argumentan que la prohibición de sus actividades no sólo perjudica a la economía local, sino que, paradójicamente, pone en mayor peligro la región por falta de mantenimiento.
La exigencia del sector busca restaurar condiciones que permitan una vida y actividad productiva normal, al tiempo que aseguran un manejo territorial responsable y beneficioso para la provincia. "Apoyamos y acompañamos todas las acciones que conduzcan al levantamiento de esta injusta medida", remarcaron en un comunicado reciente.
