La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) elevó una planteo al gobierno que facilite el acceso al uso de productos transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM).
El pedido se hace luego de que el Ejecutivo derogara tres decretos con los que el anterior Gobierno había flexibilizado la normativa prohibitiva que lleva adelante ese país. Se trata de los decretos 4232, 4238 y 4348, sobre los que los productores entienden que se viabiliza el acceso a nuevos eventos de biotecnología para los cultivos de soja, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar.
Fidel Flores, presidente de Anapo, dijo a la prensa local que con esa decisión el Gobierno impone "un gran retroceso para el sector productivo del país, porque impide que miles de productores bolivianos puedan acceder a esta tecnología para mejorar su productividad y disminuir los riesgos de pérdidas productivas por efectos climáticos adversos, como la sequía y el ataque agresivo de plagas"
"Para aumentar la producción de alimentos debemos priorizar el aumento y la mejora en la productividad de los cultivo; necesitamos el uso de nuevos eventos de organismos genéticamente modificados, principalmente en los cultivos de soja y maíz", comentó.
En base a ese razonamiento Flores anunció que plantearán al Gobierno un pacto productivo que permita facilitar el acceso al uso de nuevos eventos de OGM en soja y maíz con el objetivo de aumentar la producción para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
Anapo por su parte señaló que el Gobierno no da señales que muestren voluntad de generar mejores condiciones al sector productivo para aumentar la producción garantizando así el abastecimiento del mercado interno y los excedentes para las exportaciones, además de promover el ingreso de mayores divisas para contribuir a la reactivación económica del país.
EL GOBIERNO ARGUMENTÓ QUE LOS OGM SON UNA AMENAZA PARA LA SALUD.
El Gobierno de Bolivia encabezado por Luis Arce Catacora revocó tres decretos aprobados durante la gestión de su antecesora, Jeanine Áñez.
El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Magín Herrera, informó que los decretos del régimen de Áñez, que autorizaban el uso de transgénicos en el país, fueron derogados por su inutilidad jurídica y amenaza a la salud.
Según el análisis gubernamental, las normas cuestionadas contravienen el principio de seguridad y soberanía alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
"Queremos hacer conocer a la ciudadanía en general, para que se sienta tranquila, que a partir de ahora esos transgénicos no van a ingresar más, por lo menos, en nuestros servicios de consumo", dijo el jerarca.
INOCUIDAD DE LOS OGM.
Cabe precisar que varios estudios científicos han sustentado la inocuidad de los productos transgénicos, además de su utilidad para combatir situaciones como la falta de agua e incrementar la producción en áreas cada vez más insuficiente, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Al respecto cabe recordar el informe científico de Cornell Alliance for Science en el que se analiza el costo ambiental que tiene para la Unión Europea el no permitir el uso de semillas transgénicas (actualmente solo está aprobado el cultivo de una variedad de maíz modificada genéticamente que se cultiva en España y Portugal).
El estudio señala que la negativa de Europa a permitir que sus agricultores siembren estas semillas ha provocado la emisión evitable de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, dañando el medio ambiente.
La prohibición de semillas transgénicas en Europa origina una emisión extra anual de 33 millones de toneladas de CO2, o sea el 7,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de todo el sector agrícola europeo, aproximadamente lo que podrían emitir cada año entre 10 y 20 centrales eléctricas de carbón.
Con datos de La Razón, ABI y Antama
