El tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 se acerca a la recta final, con la confirmación de que el jueves que viene se firmará dictamen y el miércoles 26 de octubre llegará al recinto para su aprobación, que no corre peligro ya que existe una base de consenso general sobre el texto entre el oficialismo y la oposición.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, confirmó este martes lo que era ya un secreto a voces: que se aceptarán algunos cambios a propuesta de las distintas bancadas, y el jueves se retomará el cuarto intermedio para repasar los acuerdos alcanzados en el interín.
De esta manera, el diputado del Frente de Todos se anticipó a los reclamos que sucederían a continuación, especialmente en boca de legisladores de la oposición, con pedidos de mejoras.
El oficialismo no quiere repetir el traspié del año pasado cuando apuró el dictamen con la coartada de que habría tiempo de corregir artículos en el recinto y Juntos por el Cambio le terminó volteando el presupuesto.
De entrada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, fijó un esquema de trabajo de un mes para darse el tiempo suficiente de estudiar los pormenores del proyecto y pulirlo lo más posible antes de su arribo al recinto, para no darle excusas a la oposición.
La aprobación en general no está en debate porque así ya lo dejaron en claro los diputados de la oposición. Pero sí habrá una discusión artículo por artículo que estirará la duración de la sesión, que promete ser maratónica, terminando a altas horas de la madrugada del jueves 27.
Los pedidos de cambios están bastante claros. El más persistente tiene que ver con los subsidios al transporte del Interior del país, que continúa en condición de desigualdad respecto de la porción que recibe el AMBA en una proporción escandalosamente a favor de ésta última.
Según se fijó en el proyecto de Presupuesto, las partidas para subsidiar el servicio de transporte público escalará de 46.000 millones a 66.000 millones, una cifra que está muy por debajo de las expectativas. Diputados del Interior del país de distinto signo político no se conformarán con menos de 100.000 millones.
Así lo hizo saber, por ejemplo, el presidente de la comisión de Transportes, Jorge Rizzotti (UCR), quien pidió que la asignación para el Transporte del interior pase de los 66.053 millones presupuestados a una cifra cercana a los 110.000 millones de pesos.
La comisión presidida por el jujeño se reunirá mañana para recibir a ministros y secretarios de Transporte de las provincias para profundizar sobre las necesidades del sector en cada una de esas jurisdicciones.
Presupuesto: la oposición redobló la presión por cambios
También el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, pidió revisar el artículo 96 que habilita al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre del año que viene.
"Hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado. Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. No estamos dispuestos a convalidar suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo", advirtió el formoseño.
Coincidió más tarde Martín Tetaz (Evolución), quien consideró que "las retenciones son un pésimo impuesto porque los impuestos a las exportaciones generan un sesgo anti exportador brutal y eso hace que el país produzca menos dólares".
Desde la oposición pidieron asimismo incorporar una suerte de "cláusula gatillo" que obligue al Gobierno a presentar una ampliación presupuestaria en 2023 en el caso de que producto de la inflación el Estado nacional recaude más de lo previsto, de manera tal que no pueda hacer un uso discrecional de esos recursos excedentes.
Tetaz sugirió que el presupuesto "diga claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que plantea el Presupuesto tiene que venir a Congreso por parte de un proyecto de ampliación presupuestaria que venga por parte del Ejecutivo".
El economista radical cuestionó además el artículo 72 del proyecto porque "prevé un blanqueo que es un premio para los que no cumplen y debe incluir un premio para los cumplidores".
En ese sentido, reclamó que se incluya "una cláusula que se permita la mayor deducción de gastos educativos para las familias cumplidoras".
Coincidió con esta mirada la santafesina del PRO Germana Figueroa Casas, quien aseguró que "sería conveniente tratar (los blanqueos a la construcción y exportaciones) en un paquete aparte", y advirtió que "van en contra del cumplimiento del que paga siempre".
"Tenemos que tomar conciencia de eso y pensar si el problema no esta en la presión tributaria tan alta que tenemos que hace que mucha gente no cumpla. Debemos tener en cuenta algún beneficio a los que cumplen", insistió.
Durante el debate, a su vez, se expresaron pedidos para reforzar las partidas destinadas a universidades nacionales, así como fondos para la Ley de Bosques y la Ley de Regularización Dominial y urbanización de barrios populares.
Otro reclamo que plantearon legisladores de distintas provincias tiene que ver con el artículo que compromete a las provincias a cubrir las deudas que los proveedores privados de energía mantienen con CAMMESA, ante eventuales cortes de luz. Hasta ahora, el Estado nacional viene haciéndose cargo de esas deudas.
Si bien hay un acuerdo amplio que permitirá que el Presupuesto salga con abundante consenso, no será por unanimidad. El Frente de Izquierda ya viene advirtiendo que no convalidará un Presupuesto que considera de "ajuste", encorsetado a las metas restrictivas acordadas con el FMI.
Durante el debate en la comisión, la diputada del Partido Obrero Romina Del Plá (FIT-U) planteó que "los mismos funcionarios del Gobierno hacen declaraciones reconociendo que hay una baja del salario real, de los ingresos y de las jubilaciones, utilizando el mecanismo de la inflación como herramienta confiscatoria".
"Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ajuste para la mayoría de los trabajadores sobre quienes recae el pago de una deuda fraudulenta", fustigó.
Además, la troskista señaló que "este presupuesto garantiza los negocios de los bancos, de acreedores internacionales de los que reciben todo tipo de subsidios y exenciones impositivas".
Por Sebastián Hadida
