La iniciativa propone una reducción mensual del 0,35% en los derechos de exportación (DEX) a partir de marzo de 2025, alcanzando el 0% en un plazo de siete años para la soja, y menor tiempo para otros cultivos como maíz y trigo.
Actualmente, la soja tributa un 33% en retenciones, mientras que el maíz y el trigo están gravados con un 12%. Según el texto del proyecto, la disminución será automática desde el primer día hábil de cada mes, lo que equivale a una reducción anual del 4,2%.
Fundamentos del proyecto
El legislador argumentó que el proyecto busca reparar una "inequidad tributaria histórica" sufrida por el sector agropecuario. "Durante décadas, las políticas fiscales han operado como una confiscación del esfuerzo del campo argentino", señaló Laspina en la red social X.
Además, la iniciativa prohíbe que el Estado intervenga en la fijación de precios de mercado y habilita al Poder Ejecutivo a aplicar una alícuota diferencial de hasta el 2% para productos oleaginosos, solo en caso de justificarse por razones económicas para fomentar la agregación de valor.
Una economía cerrada
En sus fundamentos, los legisladores destacaron que Argentina se encuentra entre las economías más cerradas del mundo, con un grado de apertura del 28% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano del 62%. Según indicaron, esta situación es consecuencia de políticas que penalizan las exportaciones y favorecen a sectores industriales concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Los últimos 20 años muestran cómo estas políticas han generado una retracción de la producción agropecuaria, una dependencia del gasto público y un aumento de la pobreza en las provincias", remarcaron.
Impacto regional y comparaciones internacionales
El proyecto también subraya que Argentina es uno de los pocos países donde las retenciones representan una porción significativa de los ingresos fiscales, alcanzando un 17% del total. Esto contrasta con economías competidoras de la región, que no aplican tributos similares.
Reacciones y desafíos
Si bien el proyecto ha generado respaldo entre sectores agropecuarios y aliados políticos, enfrenta críticas de quienes consideran que el cronograma de reducción podría ser demasiado gradual. Laspina defendió esta estrategia argumentando que "la prudencia fiscal es clave para asegurar la sostenibilidad del cambio".
El debate legislativo promete ser intenso, con el campo expectante de un cambio histórico que podría transformar el panorama productivo y económico del país.
