El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dictaminado en Ginebra que los pueblos indígenas afectados por empresas paraguayas que esparcen plaguicidas en zonas aledañas a viviendas, escuelas, carreteras y ríos afectando así el suministro de agua, provocando "diarreas, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza" tienen derecho a reparación.
Este fallo "histórico" encontró a Paraguay en violación de los derechos ambientales colectivos según el Pacto de Derechos Civiles y Políticos debido a las prácticas de las empresas agrícolas que "arruinan la ecología, envenenando a una población indígena". De ahí, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez daño debe subsanar este saño en no más de 180 días, según el documento publicado en Ginebra.
El Comité, integrado por 18 expertos independientes elegidos por el voto de los 173 Estados que han ratificado el mencionado Pacto, de los cuales 116 también han validado su Protocolo Facultativo, que permite a las personas acudir al Comité una vez agotado por vía judicial interna. sistema, ha condenado a Paraguay, por violar el artículo 17 de este Pacto, provocando que sufrieran "injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio ..." en tierras que representan su "hogar, cultura y comunidad," amenazando "la supervivencia cultural del grupo en su conjunto".
Según la ONU, la población indígena paraguaya "vive rodeada de grandes empresas que fumigan pesticidas para producir soja genéticamente modificada, usan agroquímicos que matan animales, afectan cultivos, árboles frutales, caza, pesca y agua".
El Comité advirtió que la Comunidad Indígena de Campo Agua'e, del Pueblo Ava Guaraní, preexistente a la fundación del Estado, no alega vulneraciones "del derecho a un medio ambiente sano sino de sus derechos a la vida privada y familiar. , a la vida cultural y a un recurso efectivo por el incumplimiento de la obligación de proteger estos derechos que, en sus particulares circunstancias, conllevaba el control del respeto a las normas ambientales", cuestionando sus "nociones de domicilio y vida privada".
Tanto es así que la población autóctona "vive rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan pesticidas para producir soja genéticamente modificada, utilizando el uso de agroquímicos prohibidos, que han matado ganado de la comunidad indígena, afectando sus cultivos de subsistencia y árboles frutales. y los recursos de caza, pesca y recolección, y fuentes de agua, dañando la salud de las personas", confirman incluso universidades de Paraguay y Francia.
Abundan las "graves repercusiones intangibles", ya que "la desaparición de los recursos naturales para la caza y la pesca, la recolección en el bosque y la agroecología guaraní provocó la pérdida de conocimientos tradicionales", como las "prácticas ceremoniales del bautismo (mitakarai)", en virtud de "la desaparición de los materiales de construcción de la casa de baile (jerokyha)", y por la extinción "del maíz con el que se hacía la chicha (kagui)", necesaria para "la ceremonia".
El Comité destaca que "las actividades económicas de valor cultural de una comunidad indígena" deben someterse "al consentimiento libre, previo e informado" de sus miembros. En concreto, deben "respetar el principio de proporcionalidad, para que no pongan en peligro la propia subsistencia de la comunidad", y deben "asegurar la transmisión intergeneracional de la cultura", siempre "asociada a sus tierras ancestrales y su relación con la naturaleza".
Dos de los 18 expertos, que votaron "parcialmente en desacuerdo", el Comité a su vez condenó la transgresión por Paraguay de un segundo artículo del Pacto, el artículo 27, que insta a los Estados donde "existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas", a no negar "la las personas que pertenecen "a tales comunidades" que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, tener su propia vida cultural, o profesar y practicar su propia religión y utilizar su propia lengua".
Pero la disidencia de estos dos peritos, Gentian Zyberi y Phozini Pazartsis, no se debió a diferencias de fondo, sino a que los dos líderes comunitarios que presentaron la denuncia, Benito Oliveira Pereira y Lucio Guillermo Sosa Benega, supuestamente no "agotaron recursos internos o, alternativamente, por no estar suficientemente fundamentada "la comunicación del caso, presentada al Comité en 2014, notificada a Paraguay en 2015, sin que hayan cesado las fumigaciones tóxicas.
Sin embargo, otros tres expertos del Comité, Hélène Tigroudja, Arif Bulkan y Vasilika Sancin, lamentaron que el artículo 6 del Pacto consagra "el derecho a la vida", disposición que "no puede interpretarse de manera restringida y engloba el derecho a la disfrutar de una vida digna ", siendo aplicable" incluso en ausencia de la muerte ".
