Un panel de disputas comerciales convocado en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) dictaminó el 20 de diciembre que las restricciones de México a las importaciones de maíz modificado genéticamente de Estados Unidos violan el acuerdo.
El conflicto se deriva de un decreto presidencial publicado por México en febrero de 2023.
El decreto estableció una prohibición inmediata del uso de maíz modificado genéticamente en masas y tortillas, e instruyó a las agencias del gobierno mexicano a terminar gradualmente su uso en alimentos para animales y otros productos.
El panel que evaluó las restricciones determinó que no estaban basadas en la ciencia y contravenían el acceso al mercado requerido por el T-MEC.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció la victoria de Estados Unidos y dijo que "subraya la importancia de las políticas comerciales basadas en la ciencia que permiten a los agricultores y productores agrícolas estadounidenses competir de manera justa".
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, agregó: "Esta decisión garantiza que los productores y exportadores estadounidenses seguirán teniendo acceso pleno y justo al mercado mexicano..."
El propósito declarado de México para el decreto de 2023 fue "proteger los derechos a la salud y a un medio ambiente sano" y "garantizar una dieta nutritiva, suficiente y de calidad". Estados Unidos ha mantenido su postura de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en datos científicos.
Sin embargo, grupos de defensa como Greenpeace son defensores del decreto del maíz e imploraron a Estados Unidos que respete la soberanía de México, argumentando que el dominio del mercado de las variedades transgénicas patentadas conduce a la disminución de las cepas autóctonas y amenaza la seguridad alimentaria.
