Esta medida implica que el sector agropecuario, particularmente atento a los fideicomisos de su competencia, podría enfrentarse a cambios significativos en la gestión y destino de estos recursos.
Según el Decreto 215/2024, el Ministerio de Economía asumirá la dirección y conducción de los fondos fiduciarios. En casos donde la ley designe a otra repartición como organismo fiduciante, esta deberá emitir opinión al respecto. Se realizará una auditoría integral de gestión dentro de los 60 días siguientes a la implementación del decreto, lo que podría derivar en adecuaciones contractuales necesarias para alinearse con las nuevas disposiciones.
Los fideicomisos relacionados con el agro, como el fideicomiso de ley ovina, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, están entre los afectados por esta medida. La potestad del Ministerio de Economía para controlar estos recursos abre la puerta a especulaciones sobre el cierre de diferentes fondos, aunque aún no se han anunciado definiciones concretas.
Esta decisión gubernamental marca un punto de inflexión en la gestión de recursos clave para el sector agropecuario, poniendo en relieve la importancia de seguir de cerca las acciones del Ministerio de Economía y las posibles repercusiones en los programas y fondos que benefician directamente al campo.
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