En una medida que ha despertado preocupaciones en el sector agropecuario, el Gobierno Nacional ha promulgado el Decreto 133/25, que levanta una prohibición de casi cinco décadas sobre la exportación de ganado en pie. Esta medida, vigente desde 1973, obligaba a la industrialización del ganado dentro del país, asegurando así valor agregado y empleo a la economía local.
La entidad sostien que esta nueva regulación conlleva una "primarización" de la economía.
Según la entidad, al exportar animales vivos, Argentina cede el valor agregado-como el engorde, la recría, el procesamiento y el envasado-a los países importadores. Esto no solo reduce significativamente los ingresos por exportación sino que también amenaza los puestos de trabajo en los frigoríficos locales, ya mermados en su capacidad operativa.
El impacto económico es notable: mientras que un corte de carne envasada puede alcanzar los 4.900 dólares por tonelada en el mercado internacional, lo que equivale a aproximadamente 1.200 dólares por animal, un ternero vivo exportado apenas deja 400 dólares, un tercio de lo obtenido por un animal procesado. La Federación advierte que esto constituye una pérdida económica directa y una desventaja competitiva frente a otros países productores.
La entidad también señaló que este cambio político podría tener un impacto negativo en el consumo interno de carne, sin ofrecer mayores beneficios a los ganaderos, enfrentados ya a altos costos de producción comparativos a nivel mundial.
La Federación insiste en que la clave para un futuro sostenible para el sector agropecuario argentino reside en una mayor integración entre la agricultura y la industria, favoreciendo el desarrollo nacional y mejorando el bienestar general. Este tipo de medidas, según ellos, retrotraen al país a épocas coloniales donde se exportaban materias primas sin procesar, algo que Manuel Belgrano criticaba fervientemente, promoviendo la creación de empleo local en lugar de exportar oportunidades al extranjero.
