Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE) y la Federacion de Entidades Agropecuarias de Entre Ríos dieron a conocer un duro comunicado en el que solicitan proceder a un nuevo debate sobre modificaciones impuestas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego.
En diciembre de 2020, bajo el impulso de un proyecto presentado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Estas modificaciones limitaron el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo el desarrollo de nuevos emprendimientos y la venta de los inmuebles afectados por periodos de entre 30 y 60 años.
Falta de Respaldo Técnico y Sentido Común
Las modificaciones nunca contaron con respaldo técnico ni se basaron en un entendimiento adecuado de la problemática rural. La nueva normativa se implementó de manera arbitraria y con profundas fisuras jurídicas. La Ley de Manejo del Fuego, vigente desde 2012, fue alterada sin distinguir entre incendios intencionales y accidentales, lo que llevó a una presunción generalizada de intencionalidad. Esto significa que aquellos que sufren un incendio accidental en sus tierras son automáticamente considerados culpables, sin derecho a una defensa justa.
Incapacidad Estatal y Necesidad de Revisión
La situación política durante la sanción de estas modificaciones puso en evidencia la incapacidad del Estado para controlar los incendios y para formular respuestas lógicas y efectivas a este problema. Es claro que las autoridades del momento no lograron abordar la cuestión de manera adecuada.
En este contexto, algunas voces legislativas y la promesa del presidente Milei en diciembre de 2023 de derogar esta ley, subrayan la necesidad urgente de revisar los artículos que perjudican la producción y castigan en lugar de ofrecer soluciones. Las modificaciones introducidas en 2020 contienen injusticias, arbitrariedades y desconocimiento, sin abordar de manera efectiva el problema original.
Hacia una Solución Justa y Eficaz
Es imperativo que el Congreso reabra el debate sobre la Ley de Manejo del Fuego, corrigiendo los errores del pasado y formulando una normativa que realmente aborde las causas y consecuencias de los incendios rurales. Solo así se podrá brindar justicia a los productores afectados y establecer un marco legal que promueva soluciones en lugar de penalizaciones sin fundamento
