El fallo, publicado el 10 de enero, se considera una importante victoria para Indonesia en su prolongada disputa con la UE sobre las restricciones al comercio de biocombustibles.
Si bien la OMC defendió el derecho de la UE a perseguir objetivos climáticos y ambientales, identificó fallas en la forma en que se implementó la RED II. En particular, la OMC consideró que el Acta Delegada de la UE, que clasificaba al aceite de palma como una fuente de alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC), era incompatible con las normas del comercio internacional. También se consideraron discriminatorios los incentivos fiscales franceses que excluían los biocombustibles basados en aceite de palma y favorecían las alternativas de colza y soja.
En su declaración del 10 de enero, la UE se comprometió a abordar estas deficiencias, que ya estaban siendo analizadas como parte de su marco regulatorio, y a alinear sus políticas con las obligaciones de la OMC. Se espera que los ajustes se completen en un plazo de 60 días, a menos que se apele la decisión.
Indonesia, el mayor productor de aceite de palma del mundo, ha argumentado que la RED II afecta injustamente al aceite de palma mientras beneficia a los biocombustibles producidos en Europa. El fallo fortalece la posición de Yakarta en las negociaciones comerciales en curso y en disputas más amplias sobre las políticas de la UE, incluido el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), que recientemente se pospuso hasta diciembre de 2025.
"Esta victoria demuestra que Indonesia puede luchar y ganar contra las prácticas discriminatorias", afirmó en Yakarta el director de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto. "También subraya la legitimidad del biodiésel a base de aceite de palma junto con otras alternativas de biocombustibles como la colza y la soja".
La OMC también criticó a la UE por no evaluar adecuadamente los datos utilizados para clasificar el aceite de palma como de alto riesgo y por las deficiencias en su proceso de certificación de los biocombustibles con bajo riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. Estas conclusiones refuerzan los esfuerzos de Indonesia por garantizar un trato justo a sus exportaciones, especialmente porque el 41 por ciento de la industria del aceite de palma del país depende de los pequeños agricultores.
Airlangga dijo que la sentencia era una oportunidad para fortalecer la cooperación con Malasia, otro importante exportador de aceite de palma, a fin de evitar una mayor discriminación. "Esto abre el camino para resolver cuestiones comerciales, incluido el estancado CEPA entre Indonesia y la UE", dijo, refiriéndose al Acuerdo de Asociación Económica Integral.
La disputa, iniciada por Indonesia en 2019, ha llamado la atención internacional sobre la tensión entre la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente. Un caso paralelo presentado por Malasia dio lugar a una resolución similar de la OMC en abril de 2024, lo que presionó aún más a la UE para que revisara sus políticas.
