La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin, al considerar que la propuesta de pago presentada por la agroexportadora vulneraba el principio de igualdad entre acreedores. El fallo, dividido y favorable a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, deja en suspenso el futuro de la compañía, que enfrenta una prolongado proceso que parece no tener fin.
El acuerdo anulado contemplaba un pago inicial de 30.000 dólares por acreedor quirografario, sin distinción del monto total de la deuda. Esta modalidad beneficiaba a quienes tenían créditos menores y perjudicaba a los grandes acreedores, quienes sufrirían una quita significativa. "El problema radica en que los acreedores que recibirían la totalidad de su crédito votaron en la misma categoría e impusieron una solución a aquellos que, en el mejor de los casos, percibirían solo un 15 % neto en doce años", argumentó el tribunal en su resolución.
La Corte también cuestionó el criterio de la Cámara de Apelaciones, que había evaluado la homologación bajo la premisa de evitar la quiebra de la empresa. Los magistrados señalaron que no puede plantearse una disyuntiva binaria entre homologación y quiebra, omitiendo la posibilidad del cramdown, un mecanismo previsto en la legislación argentina que permite a terceros presentar ofertas para adquirir la compañía y hacerse cargo de su operatoria.
Con esta decisión judicial, el futuro de Vicentin permanece incierto y sujeto a nuevas instancias legales. La empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2020, ya había advertido que carecía de recursos suficientes para financiar sus operaciones diarias y afrontar un eventual cramdown. Además, el fallo subraya la falta de un plan de reorganización empresarial claro y advierte que las medidas cautelares dictadas en el fuero penal podrían dificultar la liquidación de sus activos, aumentando la incertidumbre sobre el cobro de las acreencias .
En este escenario, el papel de los principales actores involucrados adquiere mayor relevancia. El grupo inversor CIMA, que en 2023 adquirió ganancias por más de 447 millones de dólares a un valor de mercado de aproximadamente 70 millones, se posiciona como el mayor acreedor y un jugador clave en la próxima etapa del proceso. CIMA, en alianza con la corredora Grassi, había manifestado su intención de destrabar el conflicto judicial y buscar una solución que garantice la continuidad de la empresa, la preservación de los puestos de trabajo.
La apertura del cramdown permite que nuevos interesados presenten ofertas para la compra de Vicentin. Además de CIMA y Grassi, otros actores como Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) podrían ingresar en la contienda por el control de la agroexportadora. El resultado de la situación dependerá de los próximos movimientos judiciales y empresariales, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro.
