Argentina atraviesa tiempos de profundas transformaciones económicas. La promesa de reducir el tamaño del Estado, está dando signos cada vez más esperanzadores, incluso cuando el derrotero argentino demanda reformas que perduren en el tiempo. En el caso del sistema impositivo, la demanda es mayor y las retenciones representan sólo uno de los tantos ítems a solucionar.
Nuestra política fiscal a lo largo del tiempo ha sido una picadora de riqueza, un ejemplo práctico de cómo materializar la consigna de Karl Marx y de la marcha peronista: "combatiendo al capital". Pero la realidad está cambiando. El gobierno acaba de anunciar una reducción transitoria de las retenciones agropecuarias, una fuente histórica de ingresos fiscales para el Estado.
Hace casi 80 años, el general Juan Domingo Perón inauguró una agresiva política de gravámenes al sector más pujante argentino. Desde entonces, el esquema tributario casi nunca tuvo descanso de ultrajes, y desde la crisis de 2001-2002, el problema se intensificó con la justificación de que el país vivía una "grave situación en las finanzas públicas", debiendo "atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias".
Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol. Pero como decía Milton Friedman, "nada es más permanente que un impuesto transitorio". Las retenciones no solo se mantuvieron, sino que para 2008 habían aumentado: para el maíz era del 25%, para el trigo del 28%, y para el girasol y la soja de hasta 32% y 35%, respectivamente. Ese mismo año se intentó un nuevo aumento, lo que derivó en la famosa crisis de la 125 y su contiguo quiebre dentro del gobierno kirchnerista-radical.
Aunque ese conflicto frenó niveles inéditos de impuestos al campo, las retenciones se mantuvieron hasta 2015, cuando Mauricio Macri las redujo apenas unos puntos porcentuales, y volvió a subirlas en 2018 con motivo de una nueva crisis financiera. El gobierno de Alberto Fernández nada hizo para bajarlas, y si hubiera tenido más poder político probablemente las hubiera incrementado.
Llegados a este punto, el gobierno actual tiene un compromiso ético y moral contra los impuestos. Anunció que la soja bajará del 33% actual al 26%, mientras que sus derivados pasarán del 31% al 24,5%. En tanto, el trigo, el maíz y la cebada pasarán del 12% al 9,5%, y el girasol, del 7% al 5,5%. Todo hasta el mes de junio, cuando revisará la medida.
Pero para el campo ya no es solo una cuestión moral, sino de trabajo, esfuerzo y sudor tirados a la basura. Los tributos exacerbados han limitado la capacidad de inversión y desarrollo de las infraestructuras agrícolas para soportar las constantes variables climáticas. Mientras en Estados Unidos, Australia o en el propio Brasil las temperaturas también son hostiles para el campo, su inversión en infraestructura ha permitido sortear varios eventos desafiantes.
La reducción de las retenciones anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta como un alivio muy esperado por el sector, y más aún en un contexto donde se observa un principio de sequía y en donde los precios internacionales de los commodities están a la baja.
Una reforma fiscal profunda
Aún así, mirando más detalladamente, mitigar el peso de las retenciones es solo un rasguño para el arcaico sistema tributario argentino. Nunca se puede estar en contra de una baja de impuestos, pero si queremos conseguir que las reformas del presidente Javier Milei perduren, es necesario ordenar de fondo el esquema tributario, empezando por desterrar la idea de que a menos impuestos menor recaudación.
Estas medidas iniciales, como la reducción de las retenciones, representan un paso en la dirección correcta hacia la mejora del sistema tributario argentino. Si bien aún queda un largo camino por recorrer y es esencial ser cuidadosos para evitar desequilibrios económicos en el Estado, esta medida tiene el potencial de generar un impacto positivo en el sector agrícola y en todas las actividades y comercios vinculados. La clave es entender que, al disminuir los impuestos, los productores, inversores y comerciantes tendrán más recursos disponibles para reinvertir en sus negocios, expandirse y contribuir al crecimiento económico del país.
En el corto plazo, muchos podrán utilizar estos recursos adicionales para saldar deudas, mientras que otros comenzarán a invertir en mejoras tangibles: adquisición de nuevas maquinarias, contratación de trabajadores, aumento del empleo registrado, compra de mejores fertilizantes o expansión hacia nuevos campos. Estas acciones generan un círculo virtuoso en el que la actividad económica se dinamiza y la economía comienza a ganar tracción.
Aunque algunos economistas y especialistas advierten sobre posibles riesgos fiscales, la experiencia internacional y la historia económica demuestran que reducciones sostenidas o estratégicas en las alícuotas impositivas, e incluso la eliminación de ciertos impuestos, tienden a favorecer un aumento en la recaudación, una disminución de la evasión fiscal y menores niveles de corrupción. Este fenómeno responde, en gran medida, al efecto psicológico de los impuestos: tasas más bajas generan mayor cumplimiento voluntario y fomentan la actividad económica.
Los modelos fiscales de varios países ofrecen ejemplos concretos de éxito. Regiones como Rusia, Ucrania, los países bálticos, Hong Kong y Arabia Saudita han implementado sistemas tributarios más simples y eficientes, como el Flat Tax o Impuesto Plano, logrando un crecimiento económico sostenido, un aumento en la inversión extranjera y, sorprendentemente para algunos, una mayor recaudación fiscal. Esto valida la teoría de la Curva de Laffer, que establece que una estructura tributaria simplificada y con tasas bajas incentiva la actividad económica, ampliando la base imponible y, por ende aumentando los ingresos fiscales.
Argentina debe aspirar a una simplificación tributaria como un primer paso fundamental. Esto implica eliminar aquellos tributos que representan una carga administrativa desproporcionada y que, además, no aportan significativamente a la recaudación. Actualmente, 138 de los 148 impuestos existentes en el país generan apenas el 9% de los ingresos fiscales, lo que resalta la urgencia de una reforma.
Las retenciones, aunque forman parte de los 10 impuestos principales en términos de recaudación, son solo un paliativo dentro de un sistema tributario que necesita transformaciones profundas. El desafío está en avanzar con precisión, reduciendo gradualmente las cargas impositivas para fomentar un crecimiento sostenible sin comprometer las finanzas públicas. Este es el camino hacia un sistema tributario más justo, eficiente y promotor del desarrollo económico.