En una maniobra que generó tensión interna y encendió las alertas gremiales, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó una profunda reestructuración institucional que redefine el mapa de poder dentro del organismo y abre la puerta a un fuerte ajuste de personal.
El cambio más significativo es la creación de una nueva Secretaría de Coordinación Técnica, que absorberá funciones clave como la Dirección General de Administración (DGA) y otras áreas operativas. Esto implica un recorte directo de atribuciones a la Dirección Nacional, contraviniendo el espíritu de la ley que regula el funcionamiento del instituto.
El reordenamiento se da en un contexto particularmente tenso: el INTA fue víctima de un ciberataque el mismo día que se aprobó la medida, y desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que la reforma forma parte de un plan oficial para reducir la planta de personal de 6100 a 4500 trabajadores mediante "pases a disponibilidad".
"Están vaciando funciones de la Dirección Nacional para concentrarlas en el Consejo Directivo, rompiendo una lógica de funcionamiento que el INTA sostiene desde hace 70 años", advirtió Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA.
El gremio Apinta también denunció designaciones políticas sin antecedentes técnicos, el uso discrecional de recursos institucionales y la creación de estructuras sin justificación estratégica, todo bajo un discurso oficial de "austeridad".
Desde el Consejo Directivo, integrado por entidades del agro como CREA, SRA, FAA, CRA y Coninagro, aseguran que se trata de un proceso interno iniciado en marzo y que responde a la necesidad de modernización y eficiencia.
Sin embargo, las voces críticas coinciden: el rediseño del INTA no sólo pone en riesgo puestos de trabajo, sino también líneas estratégicas de investigación y desarrollo, esenciales para la innovación agropecuaria del país.
Mientras tanto, trabajadores de todo el país realizan asambleas permanentes y el clima dentro del instituto se enrarece. La incertidumbre crece, y con ella, la sensación de que lo que está en juego no es solo una reforma, sino el modelo institucional que durante décadas sostuvo al INTA como faro tecnológico del agro argentino.
