Luego de las recientes declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, en las que afirmó que la institución aún puede contribuir al ajuste económico del gobierno de Javier Milei, salió a la luz un documento interno que detalla un plan de recortes profundos. La propuesta incluye la eliminación de más de 1.000 puestos de trabajo, la venta de bienes inmuebles y una estricta reducción de gastos operativos.
El documento, titulado "Propuesta de Presidencia de INTA para el análisis y decisión del Consejo Directivo en el Corto Plazo (Noviembre-Diciembre 2024)", establece los ajustes que el organismo ofrece al Ministerio de Economía y al de Desregulación. Estas carteras han solicitado una reestructuración significativa en una planta laboral compuesta por 6.424 profesionales, técnicos y administrativos distribuidos en todo el país.
Entre las medidas propuestas destaca una disminución inmediata de 1.043 puestos de trabajo, que incluye 301 agentes acogidos al retiro voluntario, 149 empleados mayores de 65 años intimados a jubilarse, y la no renovación de contratos a 227 trabajadores ingresados en 2023. Además, se revisarán las condiciones de otros empleados bajo regímenes específicos, como becarios y contratados externos.
El ajuste también contempla la venta de activos clave del organismo, como un edificio ubicado en la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, y terrenos considerados no productivos en Cerrillos, Salta. Según el plan, esta desinversión busca "capitalizar recursos y optimizar el uso del patrimonio de la institución".
Por otro lado, el informe pone bajo revisión el parque automotor del INTA, compuesto por 2.600 vehículos, cuyos costos operativos superan los 1.500 millones de pesos en combustible y 700 millones en viáticos. También se identificaron oportunidades de ahorro en servicios como líneas telefónicas y limpieza.
Estas medidas, que el Consejo Directivo deberá evaluar en las próximas semanas, forman parte de un esfuerzo más amplio por cumplir con los objetivos de ajuste planteados por el gobierno. No obstante, las decisiones podrían generar tensiones internas y cuestionamientos sobre el impacto en la capacidad operativa del INTA, un organismo clave para el desarrollo tecnológico y agropecuario del país.
Fuente: agencia DIB
