Esta nueva regulación, dirigida a otorgar a los agricultores contratados mayor influencia en las negociaciones con los procesadores e integradores de carne, ha sido criticada por introducir regulaciones y costos considerados innecesarios por los grupos comerciales.
La normativa, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, pretende clarificar y fortalecer los estándares de P&SA en lo que respecta a las prácticas prohibidas de discriminación, represalias y engaño durante la contratación. Esta acción forma parte de una serie de regulaciones bajo la histórica Orden Ejecutiva del Presidente Biden sobre la Promoción de la Competencia en la Economía de Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne Bovina (NCBA), a través de su vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, Ethan Lane, ha reconocido la oposición a cualquier práctica de mercado discriminatoria pero ha expresado preocupación por las consecuencias no deseadas de la norma en las prácticas comerciales estándar. Aunque se ha mostrado complacida por la atención del USDA a sus preocupaciones principales, la NCBA advierte contra desviaciones hacia temas extraños y no relacionados.
El Instituto Norteamericano de la Carne argumenta que las nuevas reglas no contribuyen a fomentar la competencia y critica la intención del USDA de ejercer control federal sobre los contratos comerciales, lo que podría inundar los tribunales federales con disputas contractuales. Su presidenta, Julie Anna Potts, señala que existen otros estatutos federales y leyes estatales para tratar las situaciones que la regla pretende abordar, sugiriendo que el estatuto antimonopolio no es el adecuado para estas reglas.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del Pollo, Mike Brown, expresa su preocupación por el potencial incremento de costos y riesgos legales y de cumplimiento para los comerciantes de aves vivas, además de socavar el sistema de contratación de criadores de aves de corral, que considera exitoso y mutuamente rentable. Brown insta al USDA a retirar la propuesta, argumentando que imponer más regulaciones y costos en un momento de inflación y costos de insumos récord amenaza la seguridad alimentaria y podría incrementar los precios de los alimentos para los consumidores estadounidenses.
