En una comparecencia ante los medios en Cochabamba, Novillo detalló las consecuencias de los incendios y las medidas tomadas por las autoridades.
Hasta noviembre, se han quemado 3.372.369,46 hectáreas, y se considera que los incendios han concluido con el inicio de la temporada de lluvias. De esta superficie, 1,1 millones de hectáreas correspondían a cobertura arbórea y 2,2 millones a matorrales y pasturas secas. La región amazónica de Beni fue la más afectada con 1,9 millones de hectáreas quemadas.
Los datos históricos muestran que 2019 fue el año con mayores afectaciones, con 5.305.512 hectáreas quemadas. Las cifras se obtienen mediante control satelital a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB).
Se estima que hay 18.194 familias damnificadas por los incendios y se reportaron 133 viviendas afectadas o destruidas. Los incendios, que se registraron entre junio y noviembre, afectaron principalmente a siete de las nueve regiones de Bolivia, con Beni declarando un "desastre departamental".
El Gobierno distribuyó 225,75 toneladas de ayuda humanitaria, con una inversión de casi 2 millones de bolivianos (más de 285.000 dólares). Se agradeció también la ayuda internacional recibida de Chile, Venezuela y Francia.
En el frente de combate contra los incendios, se desplegaron 5.605 bomberos forestales bolivianos y 56 unidades militares. Se realizaron operaciones terrestres, aéreas y fluviales para el reconocimiento, exploración y extinción de los incendios.
Las autoridades han iniciado 19 procesos penales con cinco personas detenidas acusadas de provocar incendios. El Gobierno ahora se enfoca en la reconstrucción y reforestación de las áreas afectadas, y en brindar atención a las familias damnificadas.
Muchos de los incendios se atribuyen a los 'chaqueos', quemas controladas en zonas agrícolas para preparar la tierra para siembra o pastoreo. Indígenas, ambientalistas y políticos opositores han instado al Gobierno de Luis Arce a anular las normas que autorizan estos 'chaqueos'.