La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputó a directivos de Vicentin y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities , en el marco de una investigación sobre el destino de los granos que la firma entregó en 2019 a la compañía propiedad del holding agroexportador de Avellaneda y la multinacional Viterra (ex Glencore).
En la audiencia que se realizó ayer en el Centro de Justicia Penal (CJP), el fiscal Sebastián Narvaja amplió y profundizó las imputaciones de octubre del año pasado a los directivos de Vicentin por los delitos que van desde la confección de balances falsos hasta la defraudación y estafa.
También incorporó en las imputaciones a los ejecutivos de Renova, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro, aunque no pudo hacerlo con Diego Mejuto, quien justificó su ausencia. Las actuaciones se originaron en una denuncia realizada por la cerealera Commodities por el destino de 55 mil toneladas de granos que depositó en la planta de Renova en Timbúes y que fueron traspasados sin autorización. Algo más de 30 mil toneladas, según la querella, a Vicentin. Otras 25 mil fueron dispuestas "en beneficio de la propia Renova", agregó. El perjuicio estimado es de u$s 23,7 millones.
Cabe recordar que Renova es una empresa que hasta poco antes del default de Vicentin era propiedad en partes iguales de Vicentin y Glencore, que luego pasó a llamarse Viterra. Representantes de ambas firmas integraban el directorio. Luego, la cerealera de Avellaneda le vendió a su socia el 16,6% de sus acciones, en una operación que también está bajo la lupa de los investigadores.
Según sostuvo el fiscal, Commodities y Vicentin mantenían una relación comercial a través de dos modalidades: la venta directa y la entrega en depósito en Renova, con "obligación de custodia y restitución", según los usos y costumbres del comercio granario.
En 2018 y 2019 se entregaron por esta operatoria 500 mil toneladas de soja, de las cuales 445 mil se terminaron vendiendo a Vicentin. Pero el correacopio del grupo Grassi denunció que Renova dispuso de algo más de 55 mil toneladas sin su autorización, entre 2019 y 2020.
Parte de este volumen se transfirió a la cerealera de Avellaneda, que en el concurso expuso una deuda con Commodities por la adquisición de 49 mil toneladas, respaldadas por 1.049 cartas de porte, que en realidad, dice el fiscal, corresponden sólo a 30 mil toneladas. Para Narvaja, se trató de una simulación para "hacer creer que la compraron legalmente" y esconder "un intento de cargar a Vicentin, ya concursada, con pasivos de Renova por 55 mil toneladas que recibió".
Esta operación fue parte de los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal con los que imputó por estafa a directivos de Vicentin en las audiencias de octubre pasado. Pero ayer se amplió la imputación y se la extendió a directivos de Renova que respondían a la ex Glencore.
En el acto, Narvaja solicitó la extensión de las medidas cautelares que se dispusieron en octubre pasado a los directivos de Vicentin, como la prohibición de salida del país para los imputados, la fijación de un domicilio y una caución por un monto de u$s 10 millones. También pidió una caución por u$s 421.000 para los ejecutivos de Renova.
El juez Román Lanzón aceptó todas las imputaciones aunque no hizo lugar al pedido de caución para Grancberg y Pájaro por considerar que "no son necesarias" aunque sí les dictó la prohibición de salir del país sin autorización y la necesidad de fijar un domicilio a ambos.
Por otra parte, Lanzón incorporó a los efectos registrales a tres directores en las imputaciones por otras causas. Se trata de Miguel Víctor Vallazza y Alberto Macua por acciones vinculadas a los derechos de cobro a favor del Banco ING que Vicentin cedió al fondo BAF; y también a Vallaza y a Javier Gazze por la presentación de documentación falsa al contratar créditos con el Banco Macro.
La defensa de los directivos de Vicentin denunció un intento de "criminalizar una cuestión que tiene que ver con el derecho comercial y no con el penal".
Una sorpresa en el acto que se realizó ayer en el CJP la dieron los imputados Sergio Grancberg y Daniel Pájaro, que hicieron uso de la palabra. Señalaron que "no existía vinculación comercial" entre Renova y la cerealera Commodities, sino que el vínculo de esta última era con Vicentin.
Por otra parte, señalaron que era "una equivocación" que ellos estén imputados en esta causa ya que se definieron como "empleados asalariados y no accionistas " de la compañía Renova. Recordaron que ambos están retirados desde el año pasado.
Grancberg y Pájaro indicaron que Renova presta servicios industriales a sus dueños (Vicentin y Viterra) pero no realiza operaciones comerciales, es decir no compra ni vende granos, y por tanto es infundado el reclamo de Commodities.
Para sumar argumentos a su defensa ventilaron los detalles de una reunión realizada en Buenos Aires en la cual los directivos de Commodities le pidieron a Glencore (hoy Viterra) financiamiento para solucionar los problemas de liquidez provocados por la caída de Vicentin. Y dijeron que en ese momento no hubo un reclamo para que Renova les pague o les devuelva los granos entregados, algo que, subrayaron, "sí realizaron después". Por otra parte, consideraron que la verificación de créditos en el concurso es prueba de que la relación era con Vicentin y no con su controlada.
El representante legal de Commodities, Gustavo Feldman, respaldó en cambio el señalamiento de la Fiscalía sobre la administración fraudulenta de parte de los directivos de Vicentin y Renova.
Al respecto señaló que son la base de la posible imputación de lavado de dinero, ya que Vicentin "exterioriza como propios en el concurso deudas relacionadas con los granos depositados en Renova, que serían producto del delito anterior".
Por Alvaro Torriglia
