El estado de Maranhao, en Brasil, se enfrenta a una creciente controversia luego de defender públicamente una nueva ley que impone un impuesto del 1.8% a las exportaciones de granos. La medida, que entró en vigor este mes, ha sido desafiada legalmente por la Asociación Brasileña de la Industria de Aceites Vegetales (Abiove), que representa a importantes comerciantes internacionales de granos como ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.
El nuevo impuesto afecta principalmente a las exportaciones de soja y maíz, dos de los principales productos agrícolas del país. En 2024, se exportaron desde el puerto de Itaqui cerca de 14 millones de toneladas de soja por un valor de 6.1 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones de maíz alcanzaron alrededor de 4.3 millones de toneladas por un valor de 859 millones de dólares, según datos comerciales proporcionados por Abiove.
Aunque el gobierno de Maranhao argumenta que los fondos generados por este impuesto se destinarán a mejorar la infraestructura logística en la región, lo que beneficiaría al sector agrícola en su conjunto, los críticos advierten que esta medida podría perjudicar tanto a los productores locales como a los comerciantes, reduciendo la competitividad de Brasil frente a rivales como Estados Unidos y Argentina en los mercados internacionales.
La situación se agrava con otro impuesto similar que entrará en vigor el mes próximo en el estado de Pará, que podría afectar aún más a los productores locales. Esta nueva carga sobre las exportaciones de soja y maíz ha generado gran incertidumbre entre los agricultores, quienes no tienen claridad sobre quién será el responsable de asumir este nuevo costo, si serán los productores o los compradores.
Vanderlei Ataides, líder de la Asociación de Productores de Soja de Pará (Aprosoja Para), afirmó que la incertidumbre generada por estos cambios ha provocado que los compradores desaparezcan del mercado, lo que complica aún más las operaciones comerciales. Ataides también mencionó que se están llevando a cabo negociaciones para reducir o retrasar la aplicación de este impuesto en Pará.
Por su parte, Andre Nassar, presidente de Abiove, ha señalado que el nuevo impuesto afecta de manera negativa la rentabilidad de los negocios de comercialización de granos, ya que las márgenes de este sector son muy bajas y un gravamen del 1.8% podría resultar perjudicial para los comerciantes.
A pesar de las críticas y el desafío legal, el estado de Maranhao continúa defendiendo el impuesto como una medida constitucional y parte de la reforma tributaria de Brasil, confiando en que los beneficios para el sector agrícola de la región superarán las dificultades que generará este nuevo impuesto.
El futuro del comercio de granos en Brasil está ahora marcado por la incertidumbre legal y económica, ya que los productores, comerciantes y autoridades continúan luchando por definir el rumbo del mercado ante un panorama cada vez más complejo.
