En una medida que busca dinamizar el acceso a tecnología en el agro, el Gobierno argentino oficializó un cambio sustancial en el régimen de importación de bienes de capital usados, con especial impacto en el sector agroindustrial. A través del Decreto 273/2025, se eliminan requisitos burocráticos y se establece un arancel máximo del 35% para la importación de maquinaria agrícola usada, incluidos tractores, cosechadoras, sembradoras, equipos de ordeñe y maquinaria para la industria láctea.
"Antes era un trámite tan incierto que equivalía a una prohibición. Era como no permitir vender autos usados", expresó con ironía Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y principal impulsor de la reforma.
La nueva normativa incluye bienes comprendidos en los Capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur. Entre los cambios más significativos, ya no se exigirá el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que solo se emitía si no había producción nacional similar. En su lugar, bastará con una declaración jurada del importador, agilizando tiempos y reduciendo costos.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo justificó la medida como parte de una estrategia mayor: "La eliminación de trabas a las importaciones forma parte del plan de estabilización económica y busca generar más competencia para reducir precios artificialmente elevados".
El impacto ya se empieza a percibir en el sector productivo. Damián Riesco, ingeniero agrónomo y técnico comercial en una firma multinacional de fertilizantes, puso un ejemplo concreto:
"Una cosechadora usada modelo 2012 en EE.UU. cuesta USD 99.000. Acá no se consigue por menos de USD 250.000. Así era imposible pensar en modernizarse."
La nueva normativa busca precisamente corregir esas distorsiones, permitiendo que pequeños y medianos productores accedan a tecnología de calidad a un menor costo. Además, apunta a fortalecer la competitividad interna y reducir los costos administrativos que históricamente han complicado la operatoria comercial.
La medida se alinea con el espíritu del Decreto 70/2023, que prohíbe las restricciones económicas arbitrarias a las importaciones, y se inscribe dentro del esquema de apertura económica que promueve la actual administración.
El campo lo venía pidiendo. Ahora queda por ver si el mercado y la logística están listos para responder a una posible ola de nuevas importaciones.
