El gobierno de Javier Milei prevé seguir cobrando el peaje en el tramo argentino de la Hidrovía Paraná-Paraguay, vigente desde enero de 2023, que generó un fuerte cruce diplomático con el vecino país.
Lo dijo la canciller Diana Mondino, en el marco de la primera reunión de cancilleres del Mercosur, al señalar que "lo que está dispuesto a discutir -y eventualmente abaratar- es el monto de la tarifa". Los ministros también dieron señales de reanimar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, estropeado en diciembre.
Mondino hizo esas declaraciones tras reunirse con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en el marco de una reunión del Mercosur realizada el miércoles por la tarde. Por el paro, viajó por avión hasta Formosa, y por tierra hasta Asunción, junto al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la canciller, embajador Mariano Vergara y la directora del Área, Roxana Sánchez.
La tarifa actual es de 1,47 dólares la tonelada de carga en el tramo Confluencia Santa Fe Norte para las embarcaciones que iniciaron su viaje en puertos extranjeros, no importa su bandera, y de 1,47 pesos para las que salieron de puertos nacionales. Los empresarios navieros paraguayos se quejan de que la Argentina cobre ese peaje.
La mayoría de las barcazas que navegan por la Hidrovía son paraguayas, aunque sus dueños son empresas de Brasil o la Argentina que se fueron del país por las malas condiciones para operar aquí.
El cobro del peaje fue motivo de críticas del gobierno de Paraguay y otros países del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la Hidrovía.
El cobro fue establecido por el gobierno de Alberto Fernández al nacionalizar la Administración General de Puertos y fue objeto de continuas críticas por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez y de su sucesor, Santiago Peña, al que terminaron apoyando todos los países del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre la Hidrovía.
El otro dato saliente de la cumbre fue que "por primera vez la Argentina reconoce que el peaje sobre la hidrovía se impuso de manera unilateral y arbitraria".
En el marco de la cumbre también se coincidió en la necesidad de atender los diferentes aspectos de la Entidad Binacional Yacyretá. También se planteó la preocupación de Uruguay por la deuda comercial que la Argentina mantiene con proveedores de ese país. El otro tema que se habló con Uruguay está relacionado con el dragado del canal que va al puerto de Montevideo y que los vecinos buscan modernizar.
"Está quedando claro que existen una serie de obras por las cuales hay un costo, ese costo debe ser cubierto, lo que hay que determinar es por quién y qué monto. Claramente hay obras, hay necesidad de que sufraguen esas inversiones que se hacen y lo que hay definir es de qué manera se distribuye ese costo", dijo Mondino.
La posición de Paraguay sobre el peaje en la Hidrovía
El titular de la Administraciones de Navegación y Puertos de Paraguay, Julio César Cáceres, dijo ahora que no eran reacios al peaje.
"Hay dos premisas básicas: el cobro de peaje por obras está contemplado en el tratado de Sierra. Los 4 países no tenemos certezas de que las obras se hayan efectuado y que sean de utilidad para la navegación fluvial", aclaró.
Javier Milei y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, designaron a Gastón Benvenuto como interventor de la Administración General de Puertos (AGP). Desconocido para el sector, es el hombre que deberá demostrarle a los vecinos de la Hidrovía que las obras que se hagan justifican el peaje y el monto del mismo. Y es, también, quien llevará adelante la licitación sobre la Vía Navegable Troncal (VNT) que prepara el gobierno nacional.
Hubo durante el año pasado fuertes choques, dichos y desmentidas entre el gobierno paraguayo y el exministro Sergio Massa y el ex ministro de Transporte Diego Giuliano por la Hidrovía, mientras que desde la Cancillería se llevaron adelante reuniones bilaterales y regionales en las que Asunción y los vecinos reclamaban que la Argentina demostrara que las obras que se hacen en el tramo argentino justificaban el monto cobrado a lo largo de 2023.
Los paraguayos decían que no estaba demostrado y los argentinos que sí. Más aún, estos últimos llegaron a detener barcazas, como una de una empresa brasileña, que obligó a Itamaraty a fijar posición contra el cobro del peaje.
