En medio de la tensión por la intervención de Osprera, la obra social del personal rural, el Gobierno nacional decidió avanzar con una nueva medida en el mismo sector: intervino por 180 días a Ospicha, la obra social del personal de la industria del chacinado y afines, vinculada al sindicato Soeicha.
La decisión, formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, designa como interventor a Graciano Iván Corte y otorga al Ministerio de Salud la posibilidad de prorrogar el plazo de la intervención si lo considera necesario.
Esta medida se da en paralelo al conflicto abierto con la UATRE, luego de que el Estado interviniera Osprera semanas después de que el gremio celebrara su recuperación. La tensión escaló a tal punto que el sindicato acusó al Gobierno de ser responsable por la muerte de un paciente tras la negativa de un tratamiento oncológico.
Irregularidades graves detectadas
En el caso de Ospicha, las razones detrás de la intervención fueron contundentes. Una auditoría integral realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud reveló serias deficiencias institucionales, prestacionales y administrativas. Entre los puntos más relevantes se destacan:
- Falta de respaldo documental en numerosas prestaciones desde 2018.
- Inconsistencias en los pagos y legajos incompletos.
- Irregularidades en la carga de códigos de prácticas médicas.
- Cartilla prestacional incompleta y no disponible para descarga.
- Problemas de accesibilidad para los beneficiarios en distintas regiones.
- Falta de programas preventivos y deficiente atención en salud mental y género.
- Dependencia financiera de subsidios estatales y un resultado operativo negativo.
Además, se verificó una importante discrepancia entre la población cubierta declarada y los padrones oficiales, así como un litigio activo con la Red Figueroa Paredes, operadora del Sanatorio 30 de Agosto en La Matanza, lo que obligó a derivar prestaciones a clínicas zonales.
Un nuevo capítulo en el control del sistema de salud sindical
La intervención a Ospicha refleja un refuerzo en el control estatal sobre las obras sociales sindicales del agro, en un contexto de creciente conflictividad y desconfianza. La medida se suma al caso Osprera, aún en disputa con la UATRE, y pone en evidencia la falta de transparencia, gestión y garantías de cobertura médica en un sector clave para la economía argentina.
Desde el Gobierno aseguran que la intervención apunta a normalizar la situación y garantizar los derechos de los beneficiarios, pero desde los gremios advierten que hay una avanzada política contra las estructuras sindicales del agro.
