El Gobierno trabaja a contra reloj para aplacar la presión sobre el dólar. El endurecimiento del cupo poco parece cambiar la sangría de reservas del BCRA y por eso la real solución se encuentra en el ingreso de divisas de los sectores exportadores. Lógicamente aquí el campo juega un rol protagónico y por eso, tal como adelantó Ámbito, el gabinete económico de Alberto Fernández plantea el anuncio de una batería de medidas de incentivo, consensuadas con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para que los productores agropecuarios vendan unos 18 millones de toneladas de soja por un total de u$s7.200 millones que aún conservan en los silos.
Según pudo averiguar este diario, los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, por pedido explícito de Alberto Fernández, abrieron un canal de diálogo con las empresas agroexportadoras y el CAA. En la mesa se pusieron dos opciones, una baja temporal de las retenciones o el pago de un bono atado a la cotización de la soja. La primera opción es justamente el pedido concreto que viene realizando este mismo sector, pero el bono le cierra a Guzmán en lo económico.
En tanto, desde las firmas agroexportadoras hacen hincapié en la preocupante primarización de las exportaciones de la cadena sojera y por eso apelan a una rebaja primordilamente de los derechos de exportación para que ellos productos con valor agregado, es decir, aceite y harina. Según explican, la caída interanual de la molienda de soja en la Argentina alcanza el 22%, lo que implica u$s2.500 millones menos de liquidación. En cambio, con alícuotas diferenciadas se podría lograr que la molienda pase de 38 a 44 millones.
El Gobierno, en tanto, busca un compromiso certero del sector exportador de que el campo comenzará a liquidar más, pero aquí entra en juego la voluntad del productor de vender su cosecha y eso abre otra instancia que el oficialismo está dispuesto a conquistar de la mano del proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para la reactivación de la agroindustria.
Entre las medidas que contempla este proyecto se incluye la posibilidad de que los productores descuenten de Ganancias un porcentaje de 120% de las facturas relacionadas a la compra de fertilizantes, y de 150% las que están relacionadas con seguros y semillas fiscalizadas. También se plantea un plan canje de maquinaria agrícola, vehículos e implementos, entre otros incentivos concretos que el campo viene pidiendo desde hace larga data y que incluso están entre los puntos que motoriza el CAA.
En paralelo también llegarían los muy demorados pagos de compensaciones a pequeños y medianos productores, establecidos en el Fondo de Compensación para el sector agrícola que prevé una devolución de derechos de exportación para explotaciones de menos de 1.000 toneladas de soja, que según cálculos oficiales serían unos 42.406 productores, equivalentes a un 74 % del total.
El pago de compensaciones había sido anunciado en marzo pasado y llegó en paralelo con la suba de retenciones a la oleaginosa del 30% al 33%, pero, pandemia mediante, la efectivización del esquema se demoró más de lo previsto. Ahora la promesa es no solo el desembolso de unos u$s186 millones destinado para los pequeños y medianos productores sino un sistema mucho más aceitado de la cara a la próxima campaña.
De esta manera el Gobierno, lejos de la confrontación, busca de aliado al campo en esta nueva etapa de la economía que ya piensa en la pospandemia y un 2021 con índices de crecimiento, según se desprende de la Ley de Presupuesto que el ministro Guzmán envío al Congreso semanas atrás.
Por supuesto que no es una tarea sencilla y además los tiempos son cada vez más acotados, porque este plan junto con la batería de medidas se anunciaría antes del arribo de la misión del FMI a la Argentina pautada para el próximo martes. Es decir, en menos de una semana el Gobierno apunta a conseguir el visto bueno del campo que a través de la liquidación de divisas podría engordar las alicaídas reservas del BCRA.
