Durante una conferencia de prensa en Rosario, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos manifestaron su preocupación por la crítica situación que atraviesa el campo. Maximiliano Pullaro, mandatario santafesino, enfatizó que "el campo se va a fundir" si el gobierno nacional no adopta medidas urgentes de reducción impositiva.
Los funcionarios argumentaron que la producción agropecuaria debe ser una prioridad en la agenda de desgravación fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. En este sentido, Llaryora afirmó que "es la hora del campo" y advirtió que de no reaccionar a tiempo, las consecuencias serán devastadoras para las provincias.
Por su parte, Frigerio describió el complejo escenario que enfrenta el sector productivo, compuesto por una alta carga fiscal, precios internacionales en caída, incremento de costos en dólares y condiciones climáticas adversas, factores que han llevado al agro a una "crisis profunda".
Llaryora destacó la resistencia del sector a pesar de las retenciones y aseguró que, si no hay un cambio de rumbo, se podría vivir una situación similar a la crisis de los años '90. "El dinero debe quedar en manos de los productores para que puedan salir adelante", sostuvo, y agregó que los agricultores no esconden su capital en paraísos fiscales, sino que lo reinvierten en el país.
Pullaro proporcionó datos sobre el impacto de las retenciones en la economía santafesina, revelando que en los últimos seis años la provincia aportó una cifra equivalente a 22 mil cosechadoras y 150 mil tractores. Frigerio, en tanto, enfatizó que el alivio fiscal para el agro debe ser una prioridad para la administración nacional, descartando cualquier intención de confrontación política.
En la misma línea, los gobernadores recordaron que representan a distintas fuerzas políticas, pero que coinciden en la necesidad de fortalecer la producción y el empleo. Llaryora subrayó que el objetivo común es generar trabajo y que para lograrlo es fundamental proteger el campo.
Finalmente, remarcaron que la mayor parte de la presión fiscal que enfrenta el agro proviene del nivel nacional, mientras que los tributos provinciales apenas representan el 5% del total y están destinados a infraestructura productiva. Pullaro ejemplificó esto con el caso de Santa Fe, que en 2024 recaudó 14 millones de dólares en impuesto inmobiliario rural, pero invirtió 343 millones en el sector.
"El campo es el motor de la economía y no puede más", concluyó Llaryora, advirtiendo que si la crisis productiva persiste, el impacto será devastador para todo el país.
