Los gobernadores de la Región Litoral elevaron un reclamo formal al Poder Ejecutivo para que se reanude el proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay y se garantice la participación de las provincias en las mesas de negociación. A través de una carta firmada por Gildo Insfrán (Formosa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones), los mandatarios exigieron que se retome el proceso de licitación tras su reciente anulación y que se escuchen las necesidades de cada distrito involucrado.
La última reunión sobre el corredor fluvial se llevó a cabo a fines de 2024, cuando los gobernadores ya habían insistido en la importancia de incluir a todas las provincias del tramo norte, desde la confluencia de Corrientes hasta Misiones y Formosa. Según los funcionarios, esta ampliación es clave para potenciar la competitividad regional en el comercio internacional y asegurar un desarrollo equitativo.
"Es fundamental que nuestra visión sea escuchada para que la hidrovía se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo para todas las provincias", afirmaron en el documento, en el que también remarcaron la necesidad de garantizar el dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones para la totalidad del corredor fluvial.
denuncias por irregularidades en la licitación
En paralelo, la licitación de la Vía Navegable Troncal quedó envuelta en una nueva controversia tras la denuncia de DEME, una de las compañías de dragado más importantes del mundo. La empresa cuestionó el "notorio direccionamiento" del pliego lanzado por el Gobierno argentino y advirtió que las irregularidades denunciadas ante la Justicia podrían generar sobrecostos innecesarios para productores y exportadores.
Según la compañía, el proceso licitatorio privilegia aspectos técnicos por encima de la oferta económica, otorgando un 60 % del puntaje a la propuesta financiera en tres etapas y solo un 40 % a la evaluación técnica final. "Esta fórmula permite que el actual operador pueda ofertar una tarifa más alta y, aun así, ganar la licitación", señaló DEME en un comunicado.
La firma también cuestionó el tiempo establecido para la presentación de ofertas, que consideró insuficiente, y denunció que la documentación técnica proporcionada favorece al concesionario actual. Además, alertó sobre la exigencia de un calado máximo de 8 metros "sin justificación técnica" y la solicitud de una garantía de 10 millones de dólares en caso de impugnación.
La situación ha encendido las alarmas entre las provincias del Litoral, que reclaman mayor transparencia y participación en un proyecto clave para el desarrollo económico de la región.
