Según lo anunciado, el proyecto está destinado exclusivamente a la operación y mantenimiento básico de las vías, sin incluir nuevas obras de ampliación o mejoras significativas.
Etapas de la licitación
El proceso se llevará a cabo en dos etapas. La primera, centrada en el Tramo Oriental (RN 12, RN 14, Conexión Puente Rosario-Victoria y RN 174), comenzará con la convocatoria en diciembre de 2024 y se adjudicará en abril de 2025. La segunda, que abarca el resto de las rutas nacionales con peaje, actualmente operadas por Corredores Viales S.A., se licitará en febrero de 2025 con adjudicación prevista para julio del mismo año.
El esquema financiero incluye un ajuste mensual en las tarifas actuales y un aumento de hasta el 200% tras la entrada de nuevos concesionarios. Además, se aplicarán ajustes trimestrales, lo que ha generado inquietud entre usuarios y sectores sociales.
Críticas y rechazo
La propuesta ha sido duramente criticada por el Comite Nacional de Defensa de Usuarios Viales(CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), que calificaron el sistema como «anticonstitucional, antieconómico e injusto». Según estas organizaciones, el modelo favorece exclusivamente a las empresas concesionarias, otorgándoles «casi inversión cero y riesgo cero», mientras que los costos recaen sobre los usuarios.
"Se continúa con un modelo implementado en los años 90, que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para los intereses de la sociedad. No se contemplan rutas libres de peaje, y las tarifas proyectadas resultarán prohibitivas para muchos usuarios", señalaron en un comunicado.
Impacto social y económico
Desde el CONADUV advierten que este modelo genera un «fenomenal costo operativo» destinado a sostener las estaciones de cobro, sin una mejora real en la infraestructura vial. Además, sostienen que la falta de obras de ampliación limita la capacidad de las rutas, lo que perjudica la seguridad y eleva los costos logísticos y de transporte.
Las organizaciones también cuestionaron la «provincialización» de rutas nacionales para imponer sistemas de peaje a nivel local, calificándola como una medida irresponsable.
Propuesta alternativa
En lugar de continuar con el modelo de peaje directo, los críticos proponen un Proyecto Vial Nacional que asigne los recursos provenientes del impuesto a los combustibles al mantenimiento y mejora de la red vial, garantizando el libre tránsito y cumpliendo con los principios establecidos en la Constitución Nacional.
"Si los caminos son bienes de dominio público, ya pagados por los usuarios, resulta fundamental escuchar a quienes aportan estos recursos. Exhortamos al Gobierno a convocar una Audiencia Pública para discutir alternativas más equitativas y sostenibles", afirmaron.
Un debate que crece
El anuncio del Gobierno ha reavivado un viejo debate sobre el modelo de financiamiento vial en Argentina. Mientras las licitaciones avanzan, las críticas por el impacto social y económico de esta política prometen convertirse en un tema central de discusión en los próximos meses.
