El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su firme rechazo al proyecto de ley impulsado por el diputado provincial Tulio Caponio, que propone la implementación del cobro de peaje en la red de rutas provinciales de Tucumán. La entidad calificó la medida como "inviable, inapropiada, inconstitucional, injusta e ilegal".
Según el comunicado difundido por el CONADUV, la iniciativa vulnera principios consagrados en la Constitución Nacional, como el libre tránsito entre provincias (arts. 10, 11 y 14), y representa una forma de "doble imposición" sobre los usuarios viales, quienes ya contribuyen al sostenimiento de la infraestructura a través del impuesto a los combustibles.
"El sistema que se plantea no solo no contempla caminos alternativos sin costo -requisito básico para que el peaje tenga legalidad-, sino que además propone instalar cabinas de cobro en rutas ya existentes y financiadas por impuestos", señala la entidad. Esta situación, según el organismo, generaría "monopolios naturales" a favor de los concesionarios, dejando a los usuarios "como rehenes".
Un costo que impactará en toda la economía
Para el CONADUV, el peaje funcionaría en los hechos como un "impuesto al tránsito", que no solo afectaría a quienes conducen por esas rutas, sino a toda la sociedad. "El aumento en el costo del transporte se trasladará a los precios de todos los bienes, agravando la inflación y reduciendo la competitividad de las economías regionales", explicaron.
La organización también advierte que se trata de un esquema antieconómico: al estar planteado en rutas de bajo tránsito, gran parte de la recaudación se destinaría a cubrir los costos operativos de las estaciones de peaje, sin volcar mejoras reales a la infraestructura vial. Además, se trataría de un sistema "abierto", en el que no todos los conductores pagarían, lo que lo tornaría inequitativo.
Reclamo por un plan vial integral
El CONADUV exige al gobernador de Tucumán y a los legisladores provinciales que rechacen el proyecto, y solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo para "salvaguardar los derechos de los usuarios viales y de toda la sociedad".
Finalmente, la entidad reitera su reclamo histórico: que los recursos del impuesto a los combustibles sean utilizados efectivamente para mejorar toda la red caminera del país, sin recurrir a sistemas de peaje que considera "falsos" y regresivos.
"El mantenimiento y desarrollo de una red vial eficiente, segura y libre de barreras es una obligación del Estado. La solución no es cobrar más, sino reasignar lo que ya se cobra", concluye el comunicado.
