La reciente extensión del plazo de implementación del reglamento de la Unión Europea (UE) 1115/23, vinculado a la no deforestación, abre una ventana de oportunidad para los países exportadores de productos como soja, carne y madera.
Este reglamento, cuyo objetivo es garantizar que las importaciones no contribuyan a la deforestación en sus países de origen, ha sido motivo de preocupación en el Mercosur por su impacto potencial en las exportaciones hacia Europa. La normativa exige que los productos importados por la UE cumplan con estrictos requisitos de sostenibilidad, algo que podría generar obstáculos para ciertos mercados.
Desde hace meses, diversas entidades locales y del sector privado han trabajado junto a las autoridades en la negociación de este reglamento, intentando que se considere la realidad de los países productores y las condiciones de producción específicas de la región. Con la prórroga recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, se abre una posibilidad para renegociar algunos aspectos del reglamento, lo que ha sido percibido como una oportunidad por representantes del sector.
Sin embargo, la preocupación persiste en torno a la creación de una categoría de productos "sin riesgo", que podría derivar en una medida unilateral discriminatoria y afectar el libre comercio. Las autoridades locales y representantes del Mercosur han señalado la necesidad de una estrategia común para enfrentar estos desafíos de manera coordinada y salvaguardar los intereses de la región en un mercado europeo de creciente regulación ambiental.
Implicancias para América Latina
La implementación del Reglamento 1115/23 de la Unión Europea, que busca frenar la deforestación asociada a las importaciones, tendría importantes implicaciones para los países de América Latina, dada la relación directa de la región con la exportación de productos agrícolas, madera y carne. Algunas de las principales implicancias incluyen:
1. Mayores costos y requisitos de trazabilidad:
Los exportadores latinoamericanos deberán demostrar que sus productos no están vinculados con la deforestación desde 2020 en adelante, lo que implicará un aumento en los costos de producción, certificación y monitoreo. La obligación de proveer trazabilidad desde el punto de origen hasta el mercado europeo podría ser compleja y costosa para pequeños y medianos productores, quienes podrían quedar en desventaja o incluso ser excluidos del mercado.
2. Potenciales barreras comerciales:
El reglamento podría actuar como una barrera no arancelaria, dificultando el acceso de los productos latinoamericanos al mercado europeo. Si bien la intención del reglamento es positiva al buscar reducir la deforestación, su implementación sin considerar las realidades locales podría afectar la competitividad de la región frente a otros mercados.
3. Impacto en la cadena productiva agrícola y ganadera:
Sectores clave como la soja, la carne y la madera, que representan una fuente significativa de ingresos para muchos países de América Latina, se verían directamente afectados. Los productores tendrían que realizar cambios en sus prácticas agrícolas y ganaderas para cumplir con las exigencias, lo que podría afectar su rentabilidad y capacidad de exportación en el corto plazo.
4. Incentivos para adoptar prácticas sostenibles:
Por otro lado, el reglamento podría funcionar como un catalizador para que los países de la región adopten prácticas de producción más sostenibles. Si se manejan adecuadamente, estas nuevas exigencias podrían abrir puertas a productos certificados como "libres de deforestación", aumentando su valor agregado en el mercado internacional.
5. Posibles sanciones y restricciones:
El incumplimiento del reglamento podría derivar en restricciones, sanciones o el bloqueo de productos procedentes de América Latina. Esto no solo afectaría el flujo comercial con la UE, sino que también podría tener un efecto multiplicador en otras regiones que adopten medidas similares.
6. Necesidad de estrategias comunes y alianzas regionales:
La medida pone de manifiesto la necesidad de que los países latinoamericanos trabajen de manera conjunta, especialmente dentro del Mercosur, para negociar de forma más efectiva con la UE. Una estrategia común permitiría no solo defender los intereses de la región, sino también buscar acuerdos que consideren las particularidades locales.
7. Presión sobre políticas nacionales:
Los gobiernos latinoamericanos podrían verse presionados a implementar políticas internas más estrictas para proteger los ecosistemas y controlar la deforestación, lo que, si bien es positivo en términos ambientales, también podría generar tensiones con sectores productivos locales que dependan del uso de la tierra.
En resumen, la implementación de este reglamento tiene el potencial de generar tanto desafíos como oportunidades. Si bien se busca avanzar hacia un comercio más sostenible, es fundamental que las regulaciones sean inclusivas y permitan a los países de América Latina cumplir sin poner en riesgo su desarrollo económico. La clave estará en el diálogo, la cooperación regional y la adaptación de prácticas productivas para encontrar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el comercio internacional.
