El EUDR se aplicará inicialmente a productos como carne, soja, madera, cacao, caucho, café y aceite de palma, junto a sus derivados, como el chocolate o los muebles.
El 1 de enero de 2025 entrará en vigencia el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), una medida clave para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el mundo.
Esta ley, sancionada por el Parlamento Europeo en 2023, afectará a las exportaciones de productos agrícolas y derivados de países como la Argentina, que deberán demostrar que sus productos no han contribuido a la deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
El EUDR se aplicará inicialmente a productos como carne, soja, madera, cacao, caucho, café y aceite de palma, junto a sus derivados, como el chocolate o los muebles. Cualquier empresa que desee vender estos productos en la Unión Europea deberá garantizar que provienen de tierras que no hayan sufrido deforestación ni degradación forestal reciente.
Nueva ley europea pone en jaque a las exportaciones argentinas
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Argentina, junto con Brasil, solicitó a la Comisión Europea que se retrase la implementación de esta ley, argumentando las dificultades operativas que implicaría para los productores y exportadores cumplir con estas normativas. Hasta el momento, la Unión Europea no ha dado indicios de que acceda a este pedido.
Para Mariano Spitale, director de Servicios ESG en KPMG Argentina, el impacto de esta normativa será profundo: "La EUDR es parte de una serie de medidas del Green Deal europeo, que busca establecer estándares más rigurosos en la sostenibilidad. Esta ley afectará directamente a las economías productoras de materias primas en América Latina, exigiendo a las empresas garantizar la trazabilidad de sus productos y cumplir con normas ambientales más estrictas", explicó.
Romina Bracco, socia líder en Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) y Servicios ESG en KPMG, también se refirió a los desafíos que enfrentan los exportadores, "las empresas deberán adoptar nuevas tecnologías para la trazabilidad y mejorar sus procesos productivos si desean seguir operando en este mercado clave. Será necesario generar alianzas en la cadena de valor para adaptarse a las nuevas exigencias", señaló.
Sanciones por no seguir la nueva ley europea contra la deforestación
Las sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa incluyen multas de hasta el 4% del volumen de negocios neto, la prohibición de actividades comerciales en la Unión Europea y el decomiso de productos e ingresos.
Además, las empresas estarán obligadas a presentar declaraciones anuales que demuestren que sus productos cumplen con los requisitos del EUDR, a través de un sistema de diligencia debida que será supervisado por las autoridades europeas.
"La ley busca frenar la llamada ‘deforestación importada', es decir, productos que llegan al mercado europeo desde tierras deforestadas o degradadas", explicó Spitale. Las autoridades europeas realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento, y la Comisión Europea establecerá un sistema de evaluación por país para determinar el nivel de riesgo de deforestación.
Desafío para las exportaciones argentinas
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Las empresas argentinas deberán adaptarse rápidamente a los requisitos de la EUDR si desean mantener su presencia en el mercado europeo. Esto implicará una profunda revisión de sus cadenas de suministro y la implementación de sistemas de trazabilidad para garantizar que sus productos no provienen de tierras deforestadas.
"El desafío es considerable, especialmente en un país como Argentina, donde el sector agrícola juega un rol clave en la economía", señaló Bracco. La normativa no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena de valor, desde los proveedores de materias primas hasta los distribuidores y exportadores.
La implementación de la EUDR representa un cambio significativo en la manera en que el comercio global interactúa con el medio ambiente. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones hacia el continente representaron el 36% de la deforestación global entre 1992 y 2008, especialmente en lo que respecta a productos vegetales y ganaderos.
Con esta ley, se espera reducir la deforestación en más de 100.000 hectáreas de bosque por año y disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 31,9 millones de toneladas métricas anualmente. Para la Argentina, la transición hacia una producción más sustentable no solo será un desafío, sino una oportunidad para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.
Cuestionamiento a la ley
Varios países, principalmente del Sur Global, han manifestado su preocupación por la nueva ley europea contra la deforestación, que entró en vigor en 2023. Entre los países que han reclamado por los posibles impactos económicos de esta legislación se encuentran Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Indonesia, Malasia, Tailandia, y varias naciones de África como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.
Estos países argumentan que la normativa, que restringe la importación de productos agrícolas como soja, cacao, café, y aceite de palma, afectará negativamente sus economías, particularmente las pequeñas y medianas empresas. Afirman que la ley es discriminatoria y unilateral, ya que fue implementada sin un diálogo adecuado con los países productores. Además, piden que se revisen las directrices de implementación para mitigar los efectos más dañinos, especialmente en sus exportaciones clave
Paises europeos reclaman mas plazo antes de entrar en vigencia
Alemania e Italia han solicitado más tiempo para la entrada en vigor de la nueva ley europea contra la deforestación. Esta normativa, que busca evitar la importación de productos asociados a la deforestación, afecta a una amplia gama de productos como soja, café, cacao, aceite de palma y carne de vacuno. Los países reclaman que la ley tendrá efectos negativos en sus economías, ya que impone requisitos estrictos de trazabilidad y certificación de productos agrícolas.
Italia y Alemania, dos grandes economías europeas, argumentan que el periodo de adaptación para cumplir con estas exigencias es insuficiente. Ambos países temen que la implementación apresurada pueda perjudicar a sus sectores industriales y comerciales, además de desestabilizar las relaciones comerciales con países proveedores clave en América Latina, Asia y África
Por otro lado, varios países productores como Brasil, Indonesia, y Colombia también han criticado la ley por ser discriminatoria y unilateral, ya que no fue negociada con ellos y podría dañar sus exportaciones().
