La histórica legislación europea prohibirá la importación de carne de res, soja y otros productos vinculados a la destrucción de los bosques a partir de diciembre de 2020.
Los comerciantes globales intentaron imponer esa regla en los contratos con los agricultores del estado de Goiás, dijo un portavoz de Aprosoja Brasil, y agregó que el grupo decidió entonces aconsejar a los agricultores de todo el país que no cumplieran.
La postura del grupo resalta la creciente resistencia en Brasil a las medidas impuestas por naciones extranjeras destinadas a detener la deforestación para contrarrestar la crisis climática global, que, según dice, afrentan la soberanía del país.
El llamado pacto de moratoria de la soja de Brasil, por el cual las empresas comerciales se comprometieron voluntariamente a no comprar soja cultivada en zonas deforestadas de la Amazonia después de 2008, también ha estado bajo amenaza.
El lobby de procesadores de soja Abiove dijo que buscar productores de soja que cumplan con la nueva regulación antideforestación es parte de la preparación para continuar abasteciendo a clientes en la UE.
Sin embargo, Abiove advirtió que "las incertidumbres sobre cómo aplicará la UE las nuevas reglas siguen siendo muy altas y deben resolverse de lo contrario tendrán un impacto en el comercio actual".
El grupo de agricultores dijo que el "único escenario" en el que un agricultor debería optar por cumplir con la ley antideforestación de la UE sería si el mercado ofreciera "una prima" sobre el precio de la soja producida en el área no deforestada después de 2020.
El pasado mes de diciembre, la aplicación de la nueva legislación de la UE se pospuso un año después de que los lobbies de la industria solicitaran más tiempo para adaptarse.
La UE es el principal destino de la harina de soja de Brasil, ya que el bloque compra casi la mitad de las exportaciones del país. China es el principal comprador de soja de Brasil, mientras que España es un gran importador de la UE de granos crudos.
El desmonte de tierras para la agricultura es legal según el código forestal de Brasil. La ley brasileña establece que los agricultores deben preservar entre el 20% y el 80% de las reservas legales, según el bioma en el que estén plantando.
Para Aprosoja Brasil, la legislación ambiental brasileña aplicada a las propiedades rurales es una de las más restrictivas del mundo.
