La crisis ambiental por los incendios en la Patagonia, que ya devastaron más de 70.000 hectáreas, llevó al Gobierno nacional a anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes inicien fuegos de manera intencional. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, será debatida en las sesiones extraordinarias del Parlamento.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la medida y adelantó que se eliminará la posibilidad de excarcelación para los responsables. "Incorporaremos un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación", expresó el funcionario a través de la red social X.
Actualmente, el Código Penal sanciona estos delitos con penas de 3 a 10 años de prisión, aumentando hasta 20 años si el incendio provoca muertes. De aprobarse la reforma, la condena mínima subirá a 4 años y la máxima a 25 años, con agravantes específicos cuando se afecten bosques, plantaciones, ecosistemas o si el fuego se usa como mecanismo de intimidación contra el Gobierno.
El avance de las llamas y los operativos de emergencia
Mientras el proyecto avanza, brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad intensifican los operativos para contener los incendios en Neuquén, Río Negro y Chubut. En El Bolsón, más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas, mientras que el fuego ya consumió más de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Lanín y 11.000 en el Nahuel Huapí.
Hasta el momento, la Justicia detuvo a dos personas bajo sospecha de haber iniciado focos de incendio. En Río Negro, un hombre identificado como Nicolás Heredia se encuentra bajo prisión preventiva, acusado de "incendio en grado de tentativa". Otro detenido, Jorge Hermosilla, es señalado por haber intentado iniciar un fuego en una zona boscosa.
Días atrás, otras seis personas fueron apresadas en Lago Puelo (Chubut), aunque fueron liberadas ante la falta de pruebas.
Un debate urgente en medio de la crisis
El Gobierno enfrenta cuestionamientos por su respuesta ante la emergencia ambiental y la demora en el despliegue de recursos. En paralelo, el endurecimiento de penas abre un nuevo debate sobre la necesidad de políticas preventivas y de gestión del fuego en el país.
Con el avance de las llamas y el proyecto en discusión, la Patagonia sigue en vilo ante una de las peores temporadas de incendios de los últimos años
