La medida fue oficializada este jueves a través del Decreto 1109/2024, publicado en el Boletín Oficial.
Simplificación administrativa y reducción de costos
El RUTA, establecido por la Ley 24.653, exigía a los transportistas inscribir sus vehículos como condición para operar. Sin embargo, según el Gobierno, este registro representaba una carga burocrática innecesaria, duplicando requisitos y fiscalizaciones que ya estaban cubiertos por otros organismos.
La eliminación de este registro forma parte de un plan más amplio para reducir trámites administrativos y facilitar la actividad económica. Desde septiembre, ya se había digitalizado el proceso y eliminado costos asociados, transformándolo en un trámite gratuito que también amplió la capacidad mínima de los camiones sujetos a registro, de 700 kg a 3.500 kg.
Fundamentos de la medida
El decreto establece que las regulaciones como el RUTA interferían con la libre competencia y obstaculizaban el desarrollo económico. Según el texto oficial, "liberar las fuerzas productivas y eliminar trabas administrativas es esencial para permitir que los individuos desplieguen su potencial económico".
Además, el Ejecutivo argumenta que la estructura burocrática asociada al registro generaba un uso ineficiente de recursos públicos, sin aportar beneficios prácticos al sistema de transporte. La medida, por tanto, busca alentar la actividad productiva y reducir costos operativos para los transportistas.
Normas que se mantienen
A pesar de la eliminación del RUTA, el transporte de cargas peligrosas seguirá sujeto a regulaciones específicas relacionadas con la seguridad vial. Asimismo, se ratificaron las sanciones económicas para quienes incumplan la normativa vigente. Las multas, calculadas en Unidades de Sanción Económica, equivaldrán al costo de 100 litros de gasoil por unidad, con un máximo de 1.000 unidades por infracción y 5.000 en caso de reincidencia.
Reacciones divididas en el sector
Mientras algunos transportistas celebran la medida como un alivio administrativo y económico, otros expresan preocupación por el aumento de la competencia en un mercado ya saturado. Esta divergencia de opiniones evidencia los desafíos que implica equilibrar la simplificación burocrática con la protección de los actores del sector.
Con esta decisión, el Gobierno apunta a dinamizar el transporte automotor de cargas, facilitando su operación y fomentando una mayor competitividad en el sector. Sin embargo, su implementación requerirá ajustes para garantizar que la desregulación no derive en descontrol operativo o problemas de seguridad.
